No hay mujeres presas en Michoacán por el delito de aborto

MORELIA, Mich., 13 de abril de 2022.- En Michoacán ninguna mujer está privada de la libertad acusada o sentenciada por el delito de aborto, afirmó el coordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, Ignacio Mendoza.

Lo que sí hay son hombres acusados de haber ayudado a una mujer a interrumpir un embarazo, indicó el funcionario estatal aunque no tenía a la mano el dato preciso ya que se le consultó telefónicamente, a propósito del pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que urgentemente se actúe a favor de las mujeres presas por la comisión de ese delito.

La notificación de pronunciamiento la conoció el pleno de la 75 Legislatura del Congreso del Estado el pasado viernes con el que le hace un llamado al Poder Legislativo para la adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres acusadas o sentenciadas por este delito, a la luz de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido hay una iniciativa de Ley de Amnistía, presentada por el diputado Juan Carlos Barragán, con la que se busca liberar a mujeres por el delito de aborto, la cual resultaría ocioso dictaminar si no hay mujeres presas por ese delito, debido a que en el estado o castiga con prisión ya que la pena se sustituye con servicio a la comunidad.

La Suprema Corte resolvió el siete de septiembre de 2021 que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Sin embargo, en el Código Penal del estado el aborto está tipificado como delito y la sanción para la mujer es de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad, mientras que a quien la ayude se le castiga con prisión de seis meses a dos años y en el caso del personal médico además se le inhabilita por el doble de tiempo la licencia para ejercer su profesión.

No obstante, la sentencia de la SCJN, en el estado se sigue criminalizando a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y a quienes las ayudan ya que al cierre de 2021 había 18 expedientes por ese delito y en los dos primeros meses de este 2022 se acumularon seis más.