Descarta FGE relación entre 5 casos de jóvenes asesinados en Michoacán
MORELIA, Mich., 10 de noviembre de 2026.- A 20 años del inicio de la estrategia de combate al crimen organizado, Michoacán carece de un plan estatal para prevenir y atender la violencia armada contra niñas, niños y adolescentes, así como el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales, señaló Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización civil Tejiendo Redes por la Infancia para América Latina y El Caribe.
En entrevista telefónica para Quadratín, el defensor de los derechos de la infancia advirtió que la militarización no ha detenido la violencia y, por el contrario, ha mantenido un contexto en el que persisten los homicidios, las desapariciones y el reclutamiento de menores.
"En estos 20 años de guerra hemos insistido en que, mientras se siga apostando a la militarización, tendremos la triada de homicidio, desaparición y reclutamiento. Esta triada es necesaria verla para entender el contexto de la violencia", expuso.
Pérez García señaló que la narrativa pública se ha concentrado en los homicidios dolosos, sin atender otras categorías de muerte, como los homicidios culposos y las muertes con clasificación indeterminada.
También cuestionó la falta de avances legislativos para tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
En el caso de Michoacán, señaló que las autoridades han privilegiado los discursos sobre seguridad, pero no existe una política integral para atender los factores que colocan a menores de edad en riesgo de incorporación a estructuras criminales. También cuestionó la propuesta del gobernador para incrementar las penas contra adolescentes en conflicto con la ley, al considerar que esa medida contraviene el marco constitucional.
El coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia señaló que la Fiscalía General del Estado tampoco ha informado sobre investigaciones integrales que permitan identificar y desmantelar redes de reclutamiento. En su lugar, dijo, las autoridades suelen atender los casos de manera individual, sin que exista información pública sobre detenciones o resultados contra las estructuras criminales.
Como ejemplo, mencionó el caso de Víctor Manuel, adolescente identificado como víctima de reclutamiento y desaparición en el contexto del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Pérez García refirió que el menor habría sido ejecutado de manera extrajudicial, según se conoció en audiencia pública, y que, hasta donde existe información pública, no se conocen avances de la investigación ni la ubicación del exmilitar señalado como presunto responsable.
Advirtió que la falta de condiciones de seguridad también puede provocar el desplazamiento de adolescentes y jóvenes hacia otras entidades, como una medida de sobrevivencia que adoptan las familias y comunidades para protegerlos de la violencia.
Pérez García sostuvo que Michoacán requiere un plan estatal que incluya acciones preventivas en escuelas y comunidades, identificación de perfiles en riesgo de reclutamiento, acompañamiento a las víctimas potenciales, rescate de menores que ya se encuentren bajo control de grupos criminales y la tipificación de este delito para establecer sanciones.
"Ya son veinte años de guerra y los indicadores siguen siendo muy graves, no hay un plan estatal, ya no hablemos nacional, un plan estatal para afrontar la violencia armada contra niños, niñas y adolescentes", afirmó.




