Michoacán, sin leyes para custodia de animales de compañía por divorcios

MORELIA, Mich., 7 de julio de 2026.- La legislación de Michoacán mantiene un vacío jurídico para resolver la custodia de animales de compañía durante los procesos de divorcio, por lo que los jueces deben sustentar sus resoluciones en principios generales del derecho y en la Ley de Protección Animal del Estado, afirmó el juez primero de lo Familiar, Alejandro Rafael Vargas Nieto.

El juzgador explicó que la entidad carece de una regulación específica que establezca cómo resolver los conflictos entre exparejas por la convivencia o custodia de perros, gatos y otros animales de compañía.

"La única disposición vigente es del Instituto de Protección Animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y objeto de tutela jurídica, pero no establece reglas para definir su custodia cuando una pareja se separa", señaló.

Indicó que, ante esa ausencia normativa de carácter estatal, corresponde a los jueces interpretar el sistema jurídico para privilegiar el bienestar del animal por encima del concepto tradicional de propiedad.

Precisó que el hecho de haber adquirido la mascota no constituye el único criterio para resolver el conflicto, sino que deben analizarse diversos elementos, como el tiempo de convivencia con el animal, quién asumía su alimentación, cuidados cotidianos y atención veterinaria, así como la capacidad de cada persona para garantizar su bienestar.

Añadió que esas circunstancias pueden acreditarse mediante testimonios, documentos y las manifestaciones de las propias partes involucradas en el juicio.

Vargas Nieto señaló que otras entidades ya incorporaron disposiciones sobre este tipo de controversias. Citó el caso de la Ciudad de México, donde el Código Civil contempla que los convenios de divorcio incluyan acuerdos respecto de las mascotas y privilegia a quien pueda brindarles mejores cuidados.

También mencionó que en Baja California existen avances para reconocer a los seres sintientes como sujetos de derecho.

El juez consideró que el reconocimiento de los animales como seres sintientes obliga a las autoridades a modificar el enfoque con el que tradicionalmente se resolvían estos conflictos, al dejar de tratarlos exclusivamente como bienes patrimoniales y colocar en el centro de la decisión judicial su protección y bienestar.