Roba vehículo, choca, se mete a una casa y dispara a policías, en Morelia
MORELIA, Mich., 23 de julio de 2022.- Mantener privadas de la libertad a personas con trastornos mentales en conflicto con la ley, sentenciados o procesados, podría ser un obstáculo en su rehabilitación y reintegración social.
Jorge Julio González Olvera, miembro del Consejo Nacional de Salud Mental, explicó en entrevista telefónica:
“Cualquier condición de salud mental implica mayor estrés y dificultad para el desempeño, y si hubiese una privación de la libertad justa o no, producto de una crisis psicótica, será complicado la recuperación para la persona”, declaró el psiquiatra de la Secretaría de Salud Federal.
Además, enfatizó “la privación de la libertad, así sea dentro de un proceso jurídico, tiene un efecto importante en la salud mental, quien es portador de una condición de salud mental debería de recibir atención en todo el proceso, pero no siempre ocurre así… por lo tanto, la privación de la libertad tiene impacto negativo…”, agregó.
Para el caso concreto de Michoacán, informó el coordinador del Sistema Penitenciario, Ignacio Méndoza Jiménez, “nos apoyamos en la Secretaría de Salud, sin embargo, estamos evaluando la posibilidad de contratar nuestros propios psiquiatras, pero no hay muchos psiquiatras en Michoacán y en México”, dijo.
Hasta el mes de agosto de 2020, el estimado en Michoacán eran de 154 personas privadas de la libertad viviendo en alguno de los 11 centros penitenciarios de la entidad, sin embargo, en la región centro occidente la población de personas con trastornos mentales es grande.
En la Ciudad de México, por ejemplo, la suma era de 260, entre hombres y mujeres, 106 procesados y 154 sentenciados; a los que se agregan los 643 personas con una discapacidad psicosocial o trastorno mental fueron ingresados a un centro de reinserción social de Guerrero, Guanajuato, Querétaro y Colima, de acuerdo a las cifras oficiales de la Plataforma Nacional de Transparencia.
No obstante, con la excepción de Guanajuato, que cuenta con tres psiquiatras, todos se apoyan del sistema de salud público, dependen de los servicios de las secretarías de Salud de sus estados para atender crisis psicóticas o intentos de suicidios.