Michoacán: embargo a deudores alimenticios tropieza en la práctica

MORELIA, Mich., 19 de julio de 2025.- Activistas feministas y abogadas advierten que persisten vacíos legales, rezagos institucionales y obstáculos estructurales que impiden que el embargo a Afores de deudores alimenticios tenga efectos reales para las madres que enfrentan procesos largos, desgastantes y, muchas veces, infructuosos.

Aunque el reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite embargar las cuentas de Afore de deudores alimentarios en situación de desempleo ha sido calificado como un avance en la protección de derechos de la infancia, la realidad sigue siendo un viacrucis.

En entrevista, Verónica Loaiza Servín, integrante de la Red Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem), señaló que si bien se reconoce como un paso importante hacia la garantía de derechos, las barreras estructurales siguen frenando el acceso efectivo a la pensión alimenticia.

“Sí significa que se está protegiendo el derecho de la niñez y se busca evitar que los deudores se amparen en vacíos legales, pero el proceso sigue siendo muy cansado”, afirmó.

Loaiza explicó que muchas mujeres enfrentan verdaderos “viacrucis legales” para lograr que los deudores cumplan con sus obligaciones.

“Para poder reaccionar con el tema del Afore, primero se debe iniciar un juicio por pensión alimenticia, después hacer toda una evaluación de las condiciones del deudor, que el juez confirme que no tiene empleo y que no cuenta con bienes embargables, y solo entonces se puede acceder al ahorro voluntario del Afore. Es un proceso largo, costoso, y que muchas veces se queda en el camino”, detalló.

Coincidiendo en lo complejo del mecanismo, el abogado constitucionalista Gumecindo García Morelos explicó que si bien el criterio judicial rompe con la idea de que las Afores son inembargables, su aplicación exige una serie de requisitos procesales que siguen siendo obstáculos para muchas mujeres. 

“La resolución es un avance jurídico que reconoce el interés superior de la niñez, pero no elimina las condiciones de acceso a la justicia que enfrentan las madres en la práctica”, indicó.

Otro punto crítico, añadió Loaiza, es la falta de datos para ubicar al deudor, lo que complica desde el inicio el acceso a la justicia: “En muchos casos, el deudor desapareció desde el embarazo, ni siquiera se sabe su paradero, y sin esa información ni siquiera se puede iniciar el proceso judicial”.

La activista también cuestionó la falta de voluntad política e interinstitucionalidad: “Hay una desarticulación entre instituciones y falta de organización. No se está reconociendo el verdadero trabajo que han hecho las colectivas feministas, académicas y activistas que impulsaron estas reformas”.

Una medida limitada al mercado formal

En entrevista por separado, Elvia Higuera Pérez, magistrada civil electa para el distrito de Apatzingán, coincidió en que la resolución judicial representa un avance, pero precisó que su alcance es limitado.

“Va muy enfocada a un sector de la población: los deudores que están en el mercado formal y cuentan con seguridad social. ¿Qué pasa con los que trabajan en la informalidad? La medida los deja fuera”, advirtió.

Explicó que cuando un deudor alimentario tiene empleo formal, la pensión puede descontarse directamente de su nómina. 

“Pero cuando queda desempleado, se debe recurrir al Afore. Es ahí donde la Corte dice que sí puede embargarse ese fondo, siempre que lo determine una resolución judicial”.

Desde el plano constitucional, García Morelos destacó que el embargo de Afores solo es viable cuando se acredita la imposibilidad de pago por otras vías. 

“No es una medida automática, ni generalizada. Es el último recurso pada garantizar un derecho superior, pero con el debido proceso y la intervención de un juez que valore cada caso concreto”.

Higuera Pérez subrayó que los juicios por pensión alimenticia son de los más frecuentes en el Poder Judicial, debido a la persistencia de padres ausentes y la falta de paternidades responsables.

“La pensión cubre lo económico, pero no suple el acompañamiento, el afecto, la presencia. Por eso es clave trabajar también en procesos de crianza positiva y paternidades amorosas, presentes”.

Feminismo vs. institucionalización de las causas

Desde el activismo, Verónica Loaiza denunció que existe una apropiación política del tema desde el gobierno estatal, sin incluir a quienes han sostenido la lucha durante años.

“El proyecto ha sido encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, pero no se reconoce el trabajo que han hecho las compañeras feministas. Se institucionaliza la causa, pero no se transforma la realidad de las mujeres”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que se anuncien políticas públicas sin acompañamiento social ni perspectiva feminista.

“No se va a lograr una política pública efectiva si el gobierno no incluye a la sociedad organizada, a las mujeres que han trabajado desde el escritorio y el territorio. Tiene que haber un trabajo transversal entre colectivas, academia e instituciones”.

También advirtió que, a pesar de las reformas legales, persisten criterios judiciales que privilegian los derechos del deudor sobre los de las infancias. Relató un caso en el que una jueza cuestionó si se debía despedir a un funcionario público por no pagar pensión alimenticia.

“Ahí no se está poniendo el interés superior de la infancia como prioritario. Él puede seguir siendo funcionario, siempre y cuando cumpla con su obligación”, sentenció.

Reformas sin aplicación efectiva

Ambas entrevistadas coincidieron en que las reformas legales recientes, como las que modificaron el Código Familiar, Penal, de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Registro Civil, entre otras, representan avances normativos, pero sin una aplicación eficaz quedan en el papel.

“En la realidad, las mujeres siguen detenidas en esos procesos, sin que se les garanticen sus derechos ni los de sus hijos”, afirmó Loaiza.

Reprochó además que el plazo de 90 días sin pago para iniciar un proceso judicial es excesivo: “En otros estados es de 30 días, pero aun así, ¿cuántas cosas pueden pasar en ese tiempo?”.

Gumesindo García Morelos consideró que el reto ahora es armonizar los mecanismos de ejecución con una política de justicia accesible.

“De nada sirve una buena resolución de la Corte si los juzgados siguen operando bajo lógicas lentas, ineficaces o con cargas burocráticas que revictimizan”.

Urgencia de un enfoque integral

Ambas voces llamaron a articular esfuerzos entre instituciones, sociedad civil y feminismo jurídico para lograr resultados reales.

“Se requiere perspectiva de derechos humanos, perspectiva feminista, voluntad política e inclusión. Las leyes deben armonizarse con tratados internacionales y adaptarse a la realidad actual. De lo contrario, seguiremos con reformas que no transforman vidas”, concluyó Loaiza.

La RedCoFem, de la que forma parte, está integrada por mujeres de diversas colectivas y activistas independientes, con un enfoque político feminista y compromiso en la lucha contra el sistema patriarcal.

La organización mantiene disponibles recursos informativos y acompañamiento para mujeres en situación de violencia y madres que enfrentan procesos legales por pensión alimenticia.