México, segundo lugar en impunidad según IGI

MORELIA, Mich., 26 de julio de 2017.- México se ubica como el segundo lugar a nivel internacional en impunidad, solo por debajo de Filipinas, de acuerdo con los resultados del Índice Global de Impunidad (IGI), publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), con datos de 59 países que reportan a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cifras sobre sus sistemas de seguridad, derechos humanos y justicia.

En el documento Anatomía de la Corrupción, de la autoría de María Amparo Casar, en el capítulo referente al IGI se destaca que entre los datos más destacados, el reporte señala que 46 por ciento de la población carcelaria está detenida sin sentencia y que el número de jueces —4.3 por cada 100 mil mexicanos— está muy por debajo del promedio global que es de 16.2 por 100 mil habitantes.

En ese sentido, el libro también expone, conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, que de los 33.5 millones de delitos cometidos en la anualidad señalada, solo 3.6 millones son denunciados, es decir, un 10.7 por ciento, y de estos últimos, solo 2.4 millones de ilícitos  equivalentes  al 67.5 por ciento, se inició  averiguación previa, lo que genera que el 92.8 por ciento de la cifra total de delitos, queden en impunidad.

La autora del libro cuestiona los niveles de impunidad, tras explicar, “A manera de proxy pueden utilizarse algunos datos de la PGR y de la ASF, que es la institución más importante para fiscalizar recursos públicos. Si se toman tan solo las denuncias de la ASF ante la PGR, resulta que somos un país con funcionarios públicos espectacularmente honestos a la vez que la PGR y los jueces son absolutamente ineficaces o corruptos”, e inmediatamente agrega que “En 16 años solo se presentaron 582 denuncias y solo hubo 21 consignaciones. Esto equivale a 3.6%”.

Amparo Casar explica que, con base a los datos de la Procuraduría General de la República (PGR), de enero de 2010 hasta febrero de 2016, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, tan solo consignó averiguaciones previas contra 389 servidores públicos federales por diversos delitos que equivaldrían a 65 por año, de las cuales, solo 18 concluyeron con una sentencia condenatoria.

De las 18 que concluyeron con sentencia condenatoria, se detalla que 7 fueron dictadas contra funcionarios por actos de corrupción; dos por cohecho; dos por ejercicio indebido del servicio público; dos por abuso de autoridad y una por extorsión. Con base en ello, la autora deduce que, en 6 años, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) solo logró sancionar penalmente a siete funcionarios por delitos de corrupción.

Amparo Casar concluye con una tabla comparativa de México con tres sitios que enfrentan la corrupción, Singapur donde de 175 delitos de corrupción cometidos, se emitieron 134 condenas; Hong Kong con 202 delitos para los cuales se resolvieron 172 condenas; Estados Unidos con 668 delitos en los que se emitieron 614 condenas y finalmente México, con mil 946 delitos de los cuales, tan solo se emitieron 48 condenas.

Sobre ello, la autora comenta, “México, otra vez, queda muy por debajo de naciones que se han tomado en serio el combate a la corrupción”, y posteriormente añade, “no es sorprendente, entonces, que los mexicanos desconfíen de las leyes y sean suspicaces frente al sistema de impartición de justicia, lo que a su vez conduce a la exigua utilización de uno de los eslabones cruciales para acabar con la corrupción: la cultura de la denuncia. El mexicano no cree en los medios institucionales de impartición de justicia y, por lo tanto, no recurre a ellos. Seis de cada diez mexicanos optan por no denunciar las conductas apartadas de la legalidad”.