Más militares, misma violencia: la estrategia fallida en Michoacán

MORELIA, Mich., 4 de mayo de 2026.- Frente al Palacio de Gobierno, en la emblemática avenida Madero, amanece con una veintena de patrullas. Es un operativo que se repite: una formación compacta de más de 500 efectivos —entre militares y elementos de la Guardia Nacional—. Funcionarios estatales, municipales y representantes federales permanecen agrupados en la escalinata principal: el gobernador conversa con un general en uniforme, a su lado el delegado de la Guardia Nacional intercambian teléfonos y papeles logísticos; detrás, las cámaras oficiales registran cada gesto.

Patrullas y vehículos blindados cruzan la avenida en fila, sirenas apagadas, luces intermitentes encendidas; algunos soldados descienden para informar sobre la salida. Oficiales revisan mapas plegables y listas de rutas; radios crepitan instrucciones. Ciudadanos observan desde las aceras o atraviesan la plaza con prisas, acostumbrados a estos espectáculos de presencia castrense. 

En Michoacán, con cada episodio de violencia brutal aparecen estos tipos de operativos. Con funcionarios prometiendo que con más policías federales y militares va a recobrarse la seguridad en la entidad. 

La seguridad interna dice otra cosa.

La escena tiene la solemnidad de una puesta en escena institucional: banderas, policías de tránsito organizando el flujo, y la promesa reiterada de reforzar la seguridad. Pero esa solemnidad choca con lo cotidiano: no es un evento extraordinario, sino uno más de los despliegues que han llenado plazas y carreteras en los últimos años. 

La concentración masiva de fuerzas federales frente al poder civil funciona como testimonio de una estrategia repetida, cuya frecuencia pone en duda su eficacia para resolver las causas profundas de la violencia.

En 2023, según los boletines oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional se desplegaron en Michoacán un total de 950 militares de la XII Región de Irapuato en los mese de marzo, agosto, noviembre y diciembre; primero fueron 200, después 300, enseguida 150 y luego 300 al cierre del año.

No obstante, ese año, fue asesinado el exlíder de autodefensas Hipolito Mora en la localidad de la Ruana, comunidad que poco después aseguraron había tomado control la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que tras la detención de Nemesio Oseguera, El Mencho, ardió junto a otros puntos de la entidad.

El siguiente año, las cosas no cambiaron sustancialmente. El despliegue continuó, pero con poca claridad y transparencia sobre la estrategia o fin específico de su presencia en Michoacán, más allá de hacer imagen y la llamada proximidad ciudadana.

El 12 de enero se informó del arribo de 700 oficiales; el 9 de febrero fueron mil 600 los que se desplegaron para Morelia y la 43 Zona Militar; dos días después, el 11 de febrero, llegaron otros 400. 

Para marzo el ex secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval aseguró en la mañanera que en Michoacán había 26 mil 849 oficiales combatiendo la inseguridad, entre civiles y militares. Y, le sumaron 600 el 10 de octubre. 

Para el cierre del año tendría que tener Michoacán 27 mil 449 agentes distribuidos en las zonas militares, cuarteles de la Guardia Nacional, bases de Operaciones Interinstitucionales y algunos comisionados como directores de seguridad pública, unidades especializadas en manejo de explosivos y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública. 

A aquella cantidad de militares y policías los rebasó el crimen organizado y El Botox ordenó el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, en octubre de 2025; y, el 1 de noviembre, menos de un mes después, la víctima fue Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan, y quien había exigido en múltiples ocasiones seguridad para su municipio. 

Los avances de las investigaciones apuntan a que fue ordenado el asesinato por los hermanos Álvarez Ayala, mejor conocidos como Los Erres, pero estos siguen sin ser detenidos. 

Pero, ¿qué pasa en Michoacán que no funciona con más militares ni policías?

Hay múltiples fenómenos detrás, que van desde la resiliencia—por así decirlo—de los grupos criminales, que en los últimos años han aprendido a reestructurarse rápidamente tras quedar acéfalos. Se independizan liderazgos, reorganizan, fragmentan y trasladan operaciones a otros territorios o modalidades, ya no es solo el narcotráfico, es extorsión, secuestro y otros como robo de vehículos, autopartes y lavado de dinero.

Con el despliegue de un número considerable de militares, la incidencia se reduce momentáneamente, como en Cuitzeo, cuando se llevan las jornadas de instituciones múltiples, pero tras la salida del personal, queman la gasolinera y se reportan enfrentamientos en Mariano Escobedo y San Agustín de Pulque.

También los despliegues masivos suelen priorizar presencia y contención sobre investigación estratégica dirigida a líderes, finanzas y redes de protección y vínculos entre grupos y con las autoridades. Un ejemplo claro fue el caso de El Chuy o Hamburguesa, de Zacapu, que pese a ser detenido, no lograron judicializar el caso por irregularidades en las investigaciones y actuaciones de los intervinientes.

Entre las desventajas de la presencia de militares se encuentra el desplazamiento de cuerpo civiles en las tareas de seguridad pública, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con ello también investigaciones deficientes, ya que no cuentan con capacitación en tareas civiles. 

El despliegue de militares no debe de hacerse sin una política pública que lleve a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. 

Aunque la seguridad ciudadana no puede reducirse a las políticas sociales del Estado, es imposible separarlas del todo. En los países donde la desigualdad y la discriminación son parte del paisaje cotidiano, el terreno es más fértil para la delincuencia, la violencia y, con ellas, para las violaciones de derechos humanos.

De lo contrario, continúan fenómenos como el éxodo de las comunidades, como Agua del Obispo, en Zinapécuaro; El Alcalde, en Apatzingán; El Aguaje, en Aguililla; y Chupícuaro, en Cuitzeo, por mencionar algunos. 

Aunado al desplazamiento forzado, está el reclutamiento forzado de menores; y, los efectos en la salud pública, no solo en la seguridad, por el alto consumo de sustancias adictivas que llevan a los jóvenes a perder la vida y desarrollar problemas orgánicos y de salud mental.