Mantiene Uruapan al alza casos de extorsión y violencia familiar

MORELIA, Mich., 4 de octubre de 2026.- En Uruapan hay dos delitos que no saben de cambios de gobierno. Mientras el resto del tablero se mueve en direcciones distintas, la extorsión y la violencia familiar suben bloque tras bloque, sin importar quién despache en la Presidencia Municipal, según cifras son de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado entre enero de 2023 y septiembre de 2026. 

El primer dato que salta es el de la violencia familiar. En 2023, con Ignacio Campos, emanado de la alianza Juntos Haremos Historia, se denunciaron 53 casos en doce meses: 4.4 por mes. En los ocho meses de enero a agosto de 2024, todavía con Campos, fueron 36, es decir 4.5 mensuales. Con Carlos Manzo, de Movimiento del sombrero, el tramo de septiembre a diciembre de 2024 registra 22 casos en cuatro meses, 5.5 por mes. Y en los diez meses de enero a octubre de 2025, último mes al frente del Ayuntamiento, la cifra se duplica: 102 denuncias, 10.2 cada mes.

El salto mayor viene después. En la ventana de noviembre y diciembre de 2025, con Grecia Quiroz al frente del ayuntamiento, se reportan 27 casos en apenas dos meses: 13.5 por mes. 

Los nueve meses de enero a septiembre de 2026 concentran 220 denuncias, un promedio de 24.4 mensuales. Sumados los once meses que corresponden a la administración actual, son 247 casos y 22.5 por mes: más de cinco veces lo registrado en 2023. Es el delito que más creció en Uruapan en tres años, con distintos presidentes. 

La extorsión avanza más despacio, pero avanza. 

En 2023 fueron 52 denuncias en doce meses, 4.3 por mes. Con Campos, de enero a agosto de 2024, el promedio sube a 4.9. Con Manzo, los cuatro meses de septiembre a diciembre de 2024 registran 13 casos, 3.3 mensuales: la cifra más baja de toda la serie y el único respiro del periodo. Sin embargo, en los diez meses siguientes, de enero a octubre de 2025, la extorsión se dispara a 63 denuncias y 6.3 por mes. 

En noviembre y diciembre de 2025 se contabilizan 16 casos en dos meses, ocho mensuales. Y los nueve meses de 2026 suman 61 denuncias, 6.8 por mes. Los once meses de la administración actual promedian 7.0 casos al mes, la cifra más alta asociada a un gobierno municipal en toda la serie y 63 por ciento por arriba del arranque en 2023.

El comparativo por gestión, entonces, no se sostiene en los totales. El bloque de Quiroz de 2025 es el más corto, dos meses, y por eso su promedio mensual de extorsión es el más elevado: 16 casos repartidos en doce meses darían una lectura distinta. 

Lo mismo ocurre con el tramo de Carlos Manzo de enero a octubre de 2025, el más largo, que recibe el arranque del crecimiento de ambos delitos. La comparación más acertada es la del promedio por mes, y en esa lectura el patrón es nítido: la violencia familiar sube sin interrupción entre 2023 y 2026, y la extorsión toca piso en el cierre de septiembre de 2024 para después trepar de manera sostenida con las dos administraciones que le siguieron.

Hay que decirlo con claridad: el repunte no distingue partidos. La violencia familiar se duplicó bajo el gobierno de Morena entre 2023 y el tramo de enero a octubre de 2025, que ya correspondía a Movimiento del sombrero, y luego volvió a duplicarse en la administración actual. 

La extorsión, en cambio, tuvo su único descenso en los cuatro meses finales de 2024, ya con Carlos Manzo, y se revirtió de inmediato al año siguiente, para seguir subiendo con Quiroz. Pero hay una diferencia entre los alcaldes Nacho Campos y Carlos Manzo: la atención de la Presidencia de la República con el Plan Michoacán y la estrategia nacional contra la extorsión, que pudo haber influido en mayor confianza de los ciudadanos hacia las autoridades. 

Las cifras, en todo caso, son las de las denuncias y no las de los hechos. 

La violencia familiar y la extorsión están entre los delitos con mayor cifra negra en el estado, de modo que cada alza puede significar más casos o más disposición a denunciar, y cada baja, mayor subregistro. A ello se suma que la extorsión se investiga en instancias estatales y federales, lo que limita su atribución directa al gobierno municipal.