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MORELIA, Mich., 20 de octubre de 2026.- Michoacán llegará a las elecciones de 2027 con un saldo de al menos 27 asesinatos de personas vinculadas con la actividad política y electoral durante los procesos de 2015, 2018, 2021 y 2024, de acuerdo con recuentos académicos y registros de organizaciones especializadas que documentan homicidios de candidatos, aspirantes, dirigentes partidistas y autoridades municipales.
La cifra resulta de sumar cinco casos registrados en 2015, once en 2018, cuatro en 2021 y siete en 2024. No obstante, las fuentes emplean criterios distintos para clasificar los homicidios, por lo que el acumulado es una referencia periodística y no una estadística oficial consolidada.
Entre los casos de 2015 figura Enrique Hernández Salcedo, candidato de Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro, asesinado durante un acto proselitista en mayo de ese año.
En el proceso de 2018, la violencia alcanzó a Alejandro Chávez Zavala, alcalde con licencia de Taretan que buscaba reelegirse por el PAN; Omar Gómez Lucatero, aspirante independiente a la alcaldía de Aguililla; Fernando Ángeles Juárez, candidato del PRD a la presidencia municipal de Ocampo, y Maribel Barajas Cortés, candidata del Partido Verde a una diputación local por el distrito de Múgica.
A estos antecedentes se suma Stalin Sánchez González, presidente municipal perredista de Paracho, asesinado en octubre de 2017, cuando ya había comenzado el proceso electoral de 2018.
Para 2021, entre los homicidios documentados se encuentran los de Dante Duarte Palacios, regidor de Maravatío, y Juan Hernández Ramírez, exalcalde de Aquila, quien fue asesinado junto con su hijo en enero de ese año.
El proceso de 2024 tuvo uno de sus episodios más graves en Maravatío, donde fueron asesinados tres aspirantes a la presidencia municipal en menos de cuatro meses.
El primero fue Dagoberto García Rivera, dirigente de Morena cuyo cuerpo fue localizado en noviembre de 2023. Posteriormente, el 26 de febrero de 2024, fueron ultimados Miguel Ángel Reyes Zavala, también aspirante morenista, y Armando Pérez Luna, quien buscaba la candidatura del PAN. Ambos crímenes ocurrieron el mismo día.
En Jacona fue asesinada Miriam Nohemí Ríos Ríos, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano y aspirante a una regiduría, mientras que en Churumuco fue ultimado Guillermo Torres Rojas, presidente municipal que buscaba continuar al frente del ayuntamiento.
La violencia se extendió más allá de la jornada electoral. El 3 de junio de 2024 fue asesinada Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa panista de Cotija, quien meses antes había sido privada de la libertad.
En abril de 2024,a cuatro días de iniciadas las campañas, ya sumaban 57 candidatos en Michoacán que se encontraban bajo el Protocolo de Protección y Seguridad a Candidatos, para el proceso electoral local y federal.
El antecedente más reciente de alto impacto político ocurrió el 1 de noviembre de 2025, con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal independiente de Uruapan. Aunque este homicidio no forma parte del recuento de los cuatro procesos electorales anteriores, se suma a los casos de autoridades municipales asesinadas en Michoacán.
Los homicidios no han sido la única expresión de violencia contra la actividad política. Durante el proceso electoral de 2018 se documentaron más de cien renuncias y sustituciones de candidaturas en la entidad, algunas en un contexto de amenazas e intimidaciones atribuidas a grupos criminales.
Los antecedentes involucran a representantes de Morena, PAN, PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y candidaturas independientes, con hechos registrados en municipios de distintas regiones del estado.
La renovación de los poderes públicos en 2027 ocurrirá después de cuatro procesos electorales en los que la violencia alcanzó a quienes aspiraban a gobernar, a quienes participaban en las campañas y a quienes ya desempeñaban cargos de elección popular.




