Identifica Semar 4 puntos de desembarque de cárteles en Aquila y LC
MORELIA, Mich.,10 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y a la Extorsión, obtuvo sentencia condenatoria de 60 años de prisión para cada uno de los cuatro responsables del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de una mujer comerciante, en diciembre de 2016, en el municipio de Tacámbaro.
De acuerdo con un comunicado, se trata de Erick Leobardo “N”, Antonio “N”, Carlos Francisco “N” y Pedro “N”, quienes, de acuerdo con las pruebas presentadas durante el proceso penal, participaron en la privación de la libertad de la víctima.
Las investigaciones establecieron que el 12 de diciembre de 2016, después de las 20:00 horas, la mujer se encontraba cerrando su negocio de abarrotes, ubicado en el centro de Tacámbaro, cuando fue interceptada por varios hombres armados, quienes amagaron a su esposo y la obligaron a subir a un vehículo.
Posteriormente, fue trasladada a un inmueble ubicado en el paraje conocido como La Laguna, donde permaneció privada de su libertad y bajo vigilancia, mientras sus captores exigían dinero a sus familiares a cambio de liberarla.
Tras varios días de cautiverio, los familiares realizaron la entrega de una cantidad de dinero exigida como rescate, por lo que la víctima fue liberada el 17 de diciembre de ese mismo año.
Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada y del desarrollo del proceso penal, se acreditó la responsabilidad de los cuatro acusados en el delito de secuestro agravado.
Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el órgano jurisdiccional impuso a Erick Leobardo “N”, Antonio “N”, Carlos Francisco “N” y Pedro “N” una pena de 60 años de prisión para cada uno, así como una multa individual de 365 mil 200 pesos.
Asimismo, determinó el pago de la reparación del daño material, correspondiente a la cantidad entregada por los familiares para obtener la liberación de la víctima, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la resolución judicial.
La FGE refrenda su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la libertad y seguridad de las personas, mediante investigaciones que permitan sancionar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.




