Investiga Secoem a Morales Correa, titular de Defensoría: 12 denuncias

MORELIA, Mich., 4 de febrero de 2026.- La Secretaría de Contraloría de Michoacán mantiene en investigación entre 12 y 13 denuncias administrativas contra el director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de  Michoacán (IDPEM), Felipe Morales Correa, con un avance aproximado del 60 por ciento, informó el titular del órgano de control, Francisco Ramírez Flores.

A pregunta expresa, el contralor estatal confirmó este miércoles que los procedimientos se encuentran en trámite y que derivan principalmente de inconformidades presentadas por trabajadores de la institución.

“Tenemos ahorita aproximadamente como 12, 13 que se están atendiendo”, señaló en entrevista, luego de rendir protesta ante el Congreso del Estado tras ser ratificado en el cargo por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que las denuncias están relacionadas con temas laborales, trato interno y movimientos administrativos. “Normalmente se denuncia el trato, cambios, algunos temas de relaciones laborales”, indicó, al precisar que no puede ofrecer mayores detalles debido a la obligación legal de respetar el debido proceso.

Ramírez Flores detalló que las investigaciones se desarrollan conforme a los plazos que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas y que, una vez concluidos los procedimientos, se determinará si existen o no irregularidades y, en su caso, el tipo de sanciones aplicables.

“Dependería la gravedad, la propia ley nos clasifica las faltas administrativas y de acuerdo a la falta que se llegue a determinar tendremos que encuadrarla y poder determinar si es grave o no grave”, explicó.

Indicó que las investigaciones contra el titular del Instituto de la Defensoría Pública presentan un avance cercano al 60 por ciento.  Las indagatorias se dan en un contexto de señalamientos públicos realizados por trabajadores del Instituto de la Defensoría Pública, quienes denunciaron presuntas arbitrariedades, hostigamiento laboral, movilidad injustificada, negativa de permisos y despidos injustificados.

Aunado a ello, documentación administrativa que es pública, nóminas oficiales, contratos laborales, oficios internos, actas de órganos colegiados, respuestas a solicitudes de transparencia y denuncias presentadas ante la propia Secretaría de Contraloría exhiben presuntas irregularidades en el Instituto, entre ellas la posible existencia de aviadores y un daño al erario estimado en al menos 4.3 millones de pesos, derivado de pagos realizados entre 2022 y 2024.

De acuerdo con la documentación pública revisada, los señalamientos incluyen pagos a personal que figuraba en nómina sin que existan constancias de asistencia, informes de actividades o cumplimiento de requisitos legales, así como discrepancias entre registros internos del Instituto y los listados de pago de la Secretaría de Finanzas del estado.

Estos hechos fueron incorporados como elementos probatorios en denuncias administrativas presentadas desde 2022 y ampliadas posteriormente, sin que hasta la fecha exista una resolución definitiva notificada a los promoventes.

Ramírez Flores dejó claro que, mientras no exista una determinación firme, se mantiene el principio de presunción de inocencia y que cualquier eventual sanción deberá derivarse de un procedimiento debidamente integrado y legalmente sustentado.