Interponen juicio político contra Hugo Gama, presidente del PJM

MORELIA, Mich., 10 de junio de 2026.- Una exjueza de primera instancia promovió ante el Congreso de Michoacán una denuncia de juicio político contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Hugo Alberto Gama Coria, así como contra los integrantes de ese órgano colegiado.

El asunto fue turnado a la Comisión Jurisdiccional este miércoles en sesión legislativa, y aunque no se leyeron los nombres, Quadratín accedió al documento, donde se les acusa de omisiones prolongadas, retraso en el cumplimiento de obligaciones legales, retención de prestaciones económicas e incumplimiento de disposiciones derivadas de la reforma judicial.

La denuncia fue presentada por Soledad Alejandra Ornelas Farfán, quien laboró en el Poder Judicial desde 2007 y que, tras participar en la elección judicial extraordinaria de 2025 sin resultar electa para permanecer en el cargo de jueza de primera instancia, sostuiene que diversas solicitudes administrativas y laborales formuladas desde septiembre de 2025 permanecen sin resolución definitiva.

Además de Hugo Gama Coria, la denuncia alcanza a Gustavo Adolfo Mendoza García, Omar Alexandro Negrón Villafán, Paula Edith Espinosa Barrientos y Mayra Xiomara Trevizo Guízar, integrantes del pleno del Órgano de Administración Judicial, instancia creada tras la reforma judicial estatal para asumir las funciones administrativas que anteriormente correspondían al desaparecido Consejo del Poder Judicial.

Entre los principales señalamientos destaca una solicitud de licencia sin goce de sueldo presentada el 10 de septiembre de 2025. Según la denunciante, informó oportunamente que por motivos personales le era imposible trasladar su residencia a Zamora, donde había sido adscrita tras concluir su participación como candidata en la elección judicial.

Asegura que la petición fue recibida formalmente por la autoridad competente, pero más de ocho meses después no existe resolución definitiva sobre el trámite, pese a qeu el propio Órgano de Administración Judicial reconoció la existencia de la solicitud dentro de un juicio de amparo promovido por la exservidora pública.

La denunciante sostiene que dicha omisión representa un incumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales que corresponden al órgano encargado de administrar el Poder Judicial y atender asuntos relacionados con licencias, recursos humanos y derechos laborales del personal.

Otro de los ejes de la denuncia se refiere al pago de prestaciones derivadas de su desempeño como jueza de primera instancia durante 2025. Ornelas Farfán afirma que solicitó el pago proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y otras prestaciones, pero asegura que la autoridad demoró indebidamente el cumplimiento de esas obligaciones.

De acuerdo con el escrito, aunque recibió un pago parcial por más de 102 mil pesos en abril de este año, éste se realizó varios meses después de los plazos previstos por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios, por lo que considera que existe una responsabilidad administrativa derivada de la dilación.

La exjueza también reclama el pago de la indemnización prevista en los artículos transitorios de la reforma judicial aprobada en Michoacán en noviembre de 2024.

Dicha reforma estableció que las personas juzgadoras que participaran en la elección extraordinaria y no resultaran electas tendrían derecho a una compensación equivalente a tres meses de salario integrado y veinte días por cada año de servicio prestado, además de las prestaciones que correspondieran.

Ornelas Farfán sostiene que cumple plenamente con los requisitos establecidos en la reforma, pues ocupó el cargo de jueza de primera instancia, participó en el proceso electoral extraordoinario y no fue electa para continuar en funciones. Sin embargo, asegura que a más de nueve meses de que se conocieron los resultados electorales no ha recibido recurso alguno por ese concepto.

La denuncia incorpora incluso declaraciones públicas emitidas por el propio Hugo Gama Coria durante marzo y mayo de este año, en las que informó que el Poder Judicial había erogado más de 70 millones de pesos para cubrir indemnizaciones y beneficios de retiro de exjueces, exmagistrados y otros funcionarios judiciales.

Con base en esos antecedentes, la promovente argumenta que existe un trato diferenciado en su caso, pues mientras otras personas en circunstancias similares ya habrían recibido compensaciones económicas, ella continúa sin obtener una resolución favorable.

El documento también acusa presunta violencia institucional, discriminación y afectaciones a derechos humanos, al señalar que la falta de respuesta a sus solicitudes le ha generado incertidumbre jurídica, afectaciones económicas y dificultades para sostener a sus hijos menores de edad.

Asimismo, reprocha al presidente del Supremo Tribunal de Justicia haberse negado durante varios meses a concederle una audiencia directa para exponer personalmente su situación, pese a que realizó diversas solicitudes formales y telefónicas.

Como parte de la denuncia, la exjueza solicita al Congreso del Estado iniciar formalmente el procedimiento de juicio político, requerir información a los funcionarios señalados sobre el manejo de los recrursos destinados a indemnizaciones derivadas de la reforma judicial y determinar si existieron responsabilidades administrativas por las omisiones denunciadas.

Entre otros aspectos, pide que los funcionarios informen desde cuándo recibieron los recursos destinados a la indemnización que reclama, a cuánto asciende le monto correspondiente, cómo ha sido administrado ese dinero y si generó rendimientos financieros mientras permaneció sin ser entregado.

Finalmente, solicita que, una vez agotado el procedimiento legislativo, se declare procedente el juicio político y se impongan las sanciones que correspondan en caso de acreditarse las conductas denunciadas.