Pido que se aplique un derecho, no un privilegio: Grecia Quiroz
MORELIA, Mich., 17 de febrero de 2026.- La jueza federal penal Gabriela Salcedo rechazó públicamente las acusaciones en su contra por presuntos abusos y aseguró que los señalamientos carecen de sustento. En entrevista exclusiva con Quadratín, sostuvo que detrás de la controversia existe un conflicto relacionado con la salida no autorizada de equipo de cómputo que, afirmó, contiene información sensible vinculada a causas penales federales en el estado de Michoacán.
“Lo que le digo a las personas que me acusan es que presenten pruebas porque somos abogados. Hacer declaraciones sin sustento no es la forma”, declaró. Añadió que dentro del Poder Judicial existen instancias especializadas para analizar este tipo de controversias y que las imputaciones en su contra “son palabras” y “es falso lo que están diciendo”.
De acuerdo con la jueza, la situación se originó luego de que detectó la salida de computadoras oficiales de su oficina alrededor de las 3:30 de la madrugada, en un día en que —según afirmó— no había labores programadas y parte del personal se encontraba de vacaciones.
“Estas máquinas no pueden salir de las instalaciones porque son bienes de la nación. No es cualquier computadora”, señaló. Explicó que en esos equipos se almacena información relacionada con personas imputadas, denunciantes, elementos militares y policías, domicilios y datos de investigaciones en curso. “Es información altamente sensible”, subrayó.
Salcedo indicó que, al percatarse de la ausencia del equipo, notificó que presentaría una denuncia por tratarse de un posible asunto de seguridad nacional. A partir de ese momento, afirmó, comenzaron a difundirse acusaciones en su contra por presunto acoso y hostigamiento.
“Jamás se dio una autorización verbal para sacar esos bienes. Yo sí tengo evidencias de que salieron las máquinas y de que no hubo autorización”, sostuvo.
La controversia también involucra a dos empleadas que se ostentan como parte del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF. Salcedo afirmó que nunca le fue presentada documentación formal que acreditara la representación sindical ni la afiliación de las trabajadoras involucradas, salvo una solicitud de ingreso fechada el 20 de enero.
Además, señaló que una de las personas acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República para solicitar información sobre la carpeta correspondiente. “Cualquier abogado sabe que no te dan información si no eres parte en la causa”, dijo.
La jueza identificó públicamente a Nelyda Elvira Rios, Maria Araceli Aguiar Ibañez y Yetsgli Lorena Corona Casimiro como las personas que, según afirmó, han realizado declaraciones en su contra. “Ya no son declaraciones laborales, son personales, y voy a solicitar lo requerido por ley”, indicó.
Salcedo negó categóricamente los señalamientos de acoso sexual. “Para que exista acoso tiene que haber conductas sistemáticas. Están los chats, las cámaras, la relación laboral era normal”, afirmó.
Indicó que ya presentó documentación ante el órgano de administración judicial del Tribunal Federal correspondiente y que las evidencias están “fundadas y motivadas”.
En su mensaje final, la jueza hizo un llamado directo a la ciudadanía: “tengan cuidado en las manifestaciones, porque los pueden llamar diciéndoles que es un tema laboral cuando hay un trasfondo de otros intereses más profundos”.
También agradeció el respaldo recibido tras la controversia. “Fui la jueza más votada del estado. Se me inundó el teléfono de mensajes de apoyo. Soy una jueza del pueblo para el pueblo”, expresó.
Finalmente, aseguró que continuará ejerciendo su función sin retrocesos: “no me están golpeando a mí, están golpeando lo que represento. Estoy trabajando por el Poder Judicial, por Michoacán y por la confianza de la ciudadanía. Nos vamos a ver en los tribunales”.




