Identifica FGE 2 vehículos involucrados en el asesinato de Arturo Herrera
URUAPAN, Mich., 20 de julio de 2026.- El estruendo de las ráfagas volvió a romper el silencio de la Tierra Caliente. El humo negro de los vehículos incendiados se elevó sobre las carreteras de Michoacán mientras el miedo recorría comunidades, principalmente en la zona calentana.
Era julio de 2013 y el estado vivía uno de los episodios más violentos de su historia reciente.
La disputa entre Los Caballeros Templarios, los nacientes grupos de autodefensa y las fuerzas federales había convertido a la entidad en un campo de batalla.
Cada amanecer traía consigo un nuevo enfrentamiento, una carretera bloqueada o una comunidad sitiada por hombres armados.
Los días 22 y 23 de julio marcaron el punto más crítico. En una ofensiva coordinada, Los Caballeros Templarios tendieron emboscadas contra efectivos de la Policía Federal en la autopista Siglo 21, en vialidades que conectan a los municipios de Arteaga, Apatzingán, Gabriel Zamora, Múgica y Uruapan.
Las carreteras fueron cerradas con autobuses y vehículos incendiados, mientras las balas resonaban entre cerros cercanos a las citadas carreteras.
El saldo fue devastador: 22 personas muertas, entre ellas dos policías federales y veinte presuntos integrantes del crimen organizado; no se logró conocer la cantidad de heridos, pero se dice que se contaban por docenas.
La respuesta del Gobierno Federal fue inmediata con el despliegue de cientos de efectivos para recuperar el control de las vías de comunicación.
Al mismo tiempo, las autodefensas seguían avanzando.
Armados con rifles, escopetas y el respaldo de pobladores cansados de las extorsiones, secuestros y cobro de cuotas, ingresaron a varias comunidades de Aguililla y Tepalcatepec, mientras organizaban su avanzada hacia Tancítaro, San Juan Parangaricutiro y Uruapan.
En cada plaza tomada retiraban barricadas criminales y levantaban las suyas con la promesa de expulsar a quienes durante años impusieron el terror.
Pero la violencia no distinguía bandos.
Días antes de la ofensiva contra la Policía Federal, un grupo de presuntos autodefensas y habitantes desarmados fue atacado en la plaza del municipio de Los Reyes. El tiroteo dejó 5 muertos y decenas de heridos, un episodio que evidenció que el conflicto había alcanzado a la población civil.
La escalada continuó hasta tocar a los más altos mandos de las instituciones. A finales de ese mismo mes, un vicealmirante de la Secretaría de Marina fue asesinado a tiros, un atentado que confirmó el desafío abierto del crimen organizado contra las instituciones federales y elevó la tensión en todo el estado.
Julio de 2013 quedó grabado como el mes en que Michoacán ardió entre bloqueos, emboscadas, retenes ciudadanos y operativos militares.
Fue una etapa que cambió para siempre la estrategia de seguridad en la entidad y que anticipó la intervención federal de los meses siguientes.
A más de una década de distancia, las imágenes de autobuses en llamas, convoyes militares avanzando por la Tierra Caliente y comunidades enteras organizadas para defenderse siguen siendo parte de la memoria colectiva de un Michoacán lastimado por la guerra, que por años los cárteles han teñido de sangre cada región.




