Existe violencia política desde que se le negaron derechos a mujeres

PACHUCA, Hgo., 9 de julio de 2016.- En Pachuca, Hidalgo, se lleva a cabo el “Diálogo Regional, Intercambio de Buenas Prácticas: Desafíos y Nuevos Retos para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, convocado por la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, ONU Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la organización Asociadas por lo Justo y Amnistía Internacional, así como el Gobierno del Estado de Hidalgo, la SEGOB, CONAVIM, PGR, SRE, INMUJERES, INJUVE, entre otras instituciones.

El fin de este espacio es el intercambio entre representantes de gobierno, sociedad civil, academia y organismos internacionales, involucrados en la atención a la violencia contra las mujeres y niñas, así como la reflexión sobre los retos y experiencias, esfuerzos y compromisos que están teniendo un impacto positivo en el continente.

De acuerdo a un comunicado de prensa, María del Carmen Alanis Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), participó en el Panel 2: Temas emergentes en materia de violencia contra las mujeres, en donde señaló que, si bien en términos legislativos, jurisprudenciales y académicos, la violencia política de género es un tema emergente, en términos fácticos existe desde hace muchos años. Para ejemplificarlo, habló de lo que tuvieron que enfrentar las sufragistas para conseguir el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres.

Alanis Figueroa se centró en transmitir tres ideas fundamentales. La primera, la violencia política es un problema que enfrentan las mujeres en todo el mundo. La segunda, es necesario que las autoridades, las académicas y las organizaciones sepan identificar este tipo de violencia, documentarla, denunciarla y llevar los casos ante la justicia. La tercera, los protocolos constituyen buenas prácticas frente a la inexistencia de leyes en la región. Además, las órdenes de protección tienen que ser implementadas por los órganos competentes.

Uniéndose al sentido de la campaña del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, la Magistrada concluyó manifestando enfáticamente que la violencia política de género no es el precio que tienen que pagar las mujeres por ejercer sus derechos humanos. Su integridad física y psicológica no es el precio por ser candidatas, su derecho al honor y a la imagen son el precio por ejercer un cargo público, su seguridad, el acoso, la discriminación no son el precio por formar parte de los espacios donde se toman decisiones que definen el rumbo de un país.