Exige diputada castigo ejemplar por envenenamiento de perros en Morelia

MORELIA, Mich., 20 de mayo de 2026.- La coordinadora parlamentaria del Partido Verde en el Congreso de Michoacán, Sandra Arreola Ruiz, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial actuar con firmeza en el caso de los nueve cachorros border collie presuntamente envenenados en el fraccionamiento Tres Marías de Morelia, al advertir que la legislación estatal ya permite imponer penas de hasta 12 años de prisión por maltrato y crueldad animal.

Luego de que Quadratín Michoacán documentara el presunto envenenamiento de los perros mediante alimento contaminado con raticida, la legisladora afirmó que Michoacán ya cuenta con un marco legal robusto y que ahora el desafío es que las investigaciones prosperen y los jueces dicten sentencias ejemplares.

“Yo haría un llamado a la Fiscalía, que ojalá pronto se consigne, que se pueda hacer una buena carpeta y que se pueda consignar ante las autoridades correspondientes, porque se tienen que dar ya sentencias ejemplares en estos casos”, declaró en entrevista con Quadratín.

En entrevista, Sandra Arreola recordó que durante la actual legislatura se endurecieron las sanciones por maltrato y crueldad animal hasta convertirlas potencialmente en delitos graves.

“En esta legislatura se incrementaron las penas para maltrato y crueldad animal y llegaron como a lo más alto que pueden llegar ahorita las penas para estos dos casos, que pudiera ser hasta 12 años de prisión, lo que las convierte ya en un delito grave por la cantidad de años”, señaló.

La legisladora explicó que anteriormente las penas rondaban entre cuatro y seis años, lo que derivaba frecuentemente en sanciones mínimas o medidas alternativas que organizaciones animalistas consideraban insuficientes.

“Cuando se consignaban ante el juez, pues la verdad es que era cualquier cosa. Llegaba temas tan absurdos como entrega dos costales de croquetas y fue todo, ya servicio comunitario”, criticó.

Arreola Ruiz aseguró que las reformas fueron impulsadas junto con abogados animalistas que buscaban desde hace varias legislaturas que estos delitos pudieran alcanzar la categoría de graves.

Sobre el caso ocurrido en Tres Marías, consideró que existen condiciones para identificar a los responsables debido a que se trata de un fraccionamiento privado con sistemas de videovigilancia.

“Al ser un fraccionamiento privado donde tienen cámaras, pues yo creo que pronto van a poder consignar a alguien ahí”, comentó.

La coordinadora parlamentaria del PVEM dijo haber visto parte de los videos donde aparecen los cachorros agonizando y calificó las imágenes como particularmente crueles.

“Yo vi los videos un pedacito, porque la verdad es que está muy cruel, del perrito convulsionando; no nada más es un problema de que se está atentando contra la vida y el bienestar de un ser vivo”, expresó.

Añadió que el envenenamiento de animales también representa un problema de salud pública, debido al riesgo sanitario que implica dejar cuerpos contaminados en espacios abiertos.

“Cuando pasan, por ejemplo, que envenenan perritos en la calle, eso llega a ser también un problema de salud pública porque queda el cuerpo del perrito o gato envenenado en la vía pública; puede haber foco de contagio inclusive para la salud de los humanos”, explicó.

Aunque evitó prejuzgar sobre el caso específico, Sandra Arreola reconoció que muchos episodios de maltrato animal suelen originarse en conflictos vecinales.

“Muchas veces son problemas inclusive entre vecinos, pasa en todas las colonias, ahora sí que hasta en las mejores colonias”, dijo.

La diputada insistió en que el problema no se resolverá únicamente con sanciones penales y planteó reforzar la cultura del respeto hacia los animales desde la educación básica y campañas institucionales permanentes.

Reveló que ya presentó una iniciativa para incorporar contenidod de respeto y cuidado animal desde nivel preescolar.

“Tenemos que ir rompiendo con esta cultura del maltrato y de crueldad animal y de que se nos haga fácil llegar a envenenar a nueve cachorros”, sostuvo.

También recordó que la legislación michoacana contempla agravantes cuando el maltrato animal involucre a servidores públicos o autoridades.

“Cuando se compruebe que hubo participación de una autoridad o un servidor público, la pena se le puede aumentar hasta en una mitad más”, explicó.

Finalmente, Sandra Arreola sostuvo que Michoacán se encuentra actualmente “a la vanguardia” en materia de sanciones por maltrato animal, pero advirtió que la efectividad de la ley dependerá de que la Fiscalía integre investuigaciones sólidas y el Poder Judicial aplique las penas conforme a la gravedad de los hechos.

“Aquí más que el aumento de las penas, lo que se tiene que hacer es buenas carpetas de investigación y que los jueces, a la hora de aplicar la ley y dictar sentencias, sean correspondientes a los delitos”, concluyó.