Robo en Plaza de la Tecnología por 3 mdp comprobados, según audiencia
MORELIA, Mich., 20 de noviembre de 2026.- Las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero a octubre, advierten que hay 824 investigaciones en desarrollo, pero son las sentencias y apelaciones las que revelan que los inmuebles vulnerables de interés son las tierras ejidales y los predios comunales de Michoacán.
Aparecen una y otra vez en distintos expedientes judiciales como terrenos en disputa por particulares que intentaron apropiarse de ellos mediante la ocupación, construcción de viviendas, instalación de huertas de aguacate, cercado de superficies e incluso obras de infraestructura civil.
Los conflictos, registrados en distintas regiones del estado entre 2022 y 2025 que se judicializaron, no tuvieron un propósito común. Mientras en algunos casos los terrenos fueron ocupados para establecer cultivos o desarrollar proyectos de vivienda, en otros las disputas estuvieron relacionadas con la construcción de obras, la ampliación de propiedades colindantes o diferencias sobre los derechos de posesión entre parientes.
Los expedientes publicados por el Poder Judicial en 2025 describen situaciones diversas. No hay homogeneidad y no tienen que ver todas con el despojo de terrenos forestales con fines de instalación de huertas, controversia que recientemente ha encendido las redes sociales por el caso de Tacámbaro. Y, si bien hay presunción de despojo de predios para instalar huertas en ese municipio, lo cierto es que en el 2026 solo se han verificado tres denuncias por este hecho.
En Zitácuaro, por ejemplo, una adulta mayor denunció que un hombre ingresó a su terreno y sembró 92 plantas de aguacate entre el primero y el 4 de junio de 2022. La mujer había acudido al predio el 6 de junio de ese año con la intención de prepararlo para la siembra, pero encontró los árboles dentro de su propiedad. Pero el procedimiento continúa.
Quién es el responsable del hecho está por comprobarse, pero el cuadro fáctico está definido.
En Morelia, otro de los casos documentó la ocupación de cuatro lotes ejidales por parte de un grupo de 13 hombres, quienes ingresaron con maquinaria tipo trascabo para limpiar los terrenos, colocar postes y alambres y unificar las superficies.
Los ocupantes argumentaron que habían comprado los predios y que contaban con escrituras. La finalidad era ocupar el terreno y desarrollar vivienda. Sin embargo, al acudir con el notario que había formalizado los documentos originales, los propietarios detectaron una aparente usurpación de identidad.
El juez ordenó a los sentenciados un pago de 2 millones de pesos a los afectados.
En Uruapan, la disputa tuvo como escenario un predio dentro de una comunidad de bienes comunales. El expediente señaló a tres personas, dos de ellas integrantes de la administración de esos bienes, uno como secretario y otro como tesorero, por ingresar sin consentimiento a un terreno ocupado por tres víctimas.
De acuerdo con la denuncia, el 27 de enero de 2022 excavaron una zanja en la entrada del predio, con lo que impidieron el acceso a sus poseedores. La intervención de personas que tenían funciones dentro de la estructura comunal añadió otro elemento al conflicto: la disputa por la tierra también involucró a quienes participaban en su administración.
También los casos evidencian la vulnerabilidad de los títulos de propiedad comunitaria. En la región de Zamora, una persona que ocupaba desde 2007 un solar de 448 metros cuadrados denunció que tres familiares políticos destruyeron el portón de acceso a su vivienda y levantaron una barda de ladrillos para impedirle entrar. Los señalados, familiares políticos, ocuparon el inmueble y se declararon sus propietarios, pese a que la víctima reclamaba derechos sobre el terreno que había adquirido de su suegro y cuya posesión ya se discutía ante un tribunal agrario.
Las disputas tampoco se limitaron a la construcción de viviendas o la explotación agrícola. En un caso relacionado con la construcción de un libramiento en Zamora, trabajadores de una empresa continuaron las obras sobre una superficie que pertenecía a un particular, bajo el argumento de que ya se había liberado el derecho de vía.
La controversia involucró a representantes de la empresa, un supervisor y trabajadores que participaron en la ejecución de la obra y continúa en los tribunales.
En Las Joyitas, municipio de Morelia, otro conflicto familiar por la posesión de un terreno ejidal para construcción de vivienda que escaló al ámbito penal.
En La Piedad, un expediente describió otro mecanismo de ocupación: un hombre aprovechó la ausencia de los propietarios para levantar una barda que invadió aproximadamente 11 metros de un terreno colindante. La construcción redujo la superficie disponible e impidió el libre acceso al área en disputa.
Los casos muestran que detrás de las denuncias por despojo hubo intereses distintos sobre la tierra o el auge de las huertas.
Si bien las sentencias y apelaciones no demuestran el conflicto en las comunidades por las tierras con particulares, autoridades medioambientales han terminado por clausurar algunos predios por el cambio de uso de suelo y los procesos se llevan al ámbito administrativo o mercantil.
Hacia el año 2018, el exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ricardo Luna, denunció públicamente que en 20 años la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no otorgó ningún cambio de uso de suelo forestal no obstante, eso no impidió que se establecieran ilegalmente huertas de aguacate en alrededor de 60 mil hectáreas de bosque, señaló Ricardo Luna, secretario de Medio Ambiente de esa entidad.
Mientras que en febrero de 2024, las autoridades estatales presentaron 327 denuncias por deforestación de 5 mil 491 hectáreas en más de 30 municipios del estado. Aquila era uno de los municipios con más denuncias y Zacapu la mayor extensión de suelo dañado con 758 hectáreas.
En el caso de la región Centro, los municipios afectados de zonas forestales por cambio de uso de suelos están Morelia, Charo y Zinapécuaro. Aunque hay que recalcar que Tarímbaro, por ejemplo, ya no cuenta ni con zonas forestales; hay solo una reserva forestal en los límites con Morelia.




