En precariedad salarial, intérpretes de LSM en Congreso de Michoacán

MORELIA, Mich., 26 de enero de 2026.- Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana que laboran en el Congreso de Michoacán perciben alrededor de 4 mil pesos por quincena, ingreso equivalente al salario mínimo, a pesar de cubrir sesiones legislativas que pueden prolongarse hasta nueve o diez horas continuas, particularmente durante la discusión y aprobación del Presupuesto del Estado.

Una investigación realizada por Quadratín sobre las condiciones laborales de este personal reveló que en el Congreso existen apenas cuatro contratos para intérpretes, los cuales se obtuvieron de manera gradual a lo largo de varios años y tras gestiones reiteradas ante distintas presidencias de la Mesa Directiva.

A pesar del tiempo transcurrido, las percepciones económicas no han tenido mejoras reales y se mantienen atadas únicamente a los incrementos generales al salario mínimo.

El esquema contractual es de tiempo indefinido, pero sin basificación ni certeza laboral plena. Las solicitudes para mejorar el salario han sido desestimadas bajo el argumento de que la labor de interpretación se limita a los días de sesión, que existen recesos legislativos y que ya cuentan con prestaciones básicas como aguinaldo, seguro social y prima vacacional.

Las exigencias físicas y cognitivas del trabajo contrastan con esa valoración administrativa. Durante sesiones prolongadas, los intérpretes deben relevarse cada 20 minutos como medida mínima para evitar lesiones, aunque en la práctica permanecen disponibles durante toda la jornada legislativa.

La carga mental acumulada, advierten especialistas en la materia, reduce la concentración tras varias horas continuas, lo que puede comprometer la fidelidad de la interpretación.

El desgaste corporal es constante. La actividad repetitiva de manos y brazos genera fatiga muscular, molestias articulares y lesiones que se agravan en jornadas extensas.

A ello se suman condiciones ambientales adversas, como la exposición directa al aire acondicionado del recinto, que impacta en garganta, manos y articulaciones.

Las carencias materiales también forman parte del entorno laboral. Los intérpretes no cuentan con oficina, área de descanso ni comedor.

Permanecen en el pleno durante las sesiones y consumen alimentos en el mismo espacio o en pasillos, sin un lugar asignado. Incluso el acceso a agua o algún refrigerio durante las sesiones depende de la disponibilidad posterior a la atención prioritaria de las y los diputados.

La investigación de Quadratín también documenta que la accesibilidad en el propio Congreso es parcial. Documentos legislativos, contenidos de comunicación social y actividades distintas al pleno carecen de interpretación en Lengua de Señas Mexicana.

En los hechos, la accesibilidad se asume como opcional y no como una obligación institucional, lo que limita el derecho a la información y a la participación política de la comunidad sorda.

Este escenario contrasta con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de garantizar accesibilidad plena en los procesos legislativos, así como servicios profesionales de interpretación en lengua de señas.

De acuerdo con estándares internacionales, la accesibilidad solo es efectiva si quienes la hacen posible cuentan con condiciones laborales dignas, estabilidad y reconocimiento profesional.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a condiciones de trabajo justas, remuneración suficiente y protección a la salud física y mental, principios que aplican también a los intérpretes que prestan servicios en instituciones públicas.

En términos profesionales, la Lengua de Señas Mexicana es una lengua con estructura gramatical propia y reconocimiento oficial en el país.

La formación de intérpretes implica estudios técnicos o universitarios especializados, procesos de certificación, años de práctica y capacitación continua para garantizar interpretaciones éticas y precisas, particularmente en espacios legislativos donde se discuten normas, presupuestos y políticas públicas.

En países como Suecia, Finlandia, Noruega, Canadá, Alemania y Estados Unidos, los intérpretes de lengua de señas forman parte estable de los equipos legislativos, judiciales o de servicios públicos.

En esos contextos, los ingresos mensuales de un intérprete legislativo oscilan, en promedio, entre el equivalente a 45 mil y 90 mil pesos mexicanos, dependiendo del país, la certificación y la especialización, además de contar con jornadas reguladas, relevos obligatorios y protección por desgaste físico y cognitivo.

El contraste salarial al interior del Poder Legislativo michoacano resulta evidente. Mientras los intérpretes perciben alrededor de 8 mil pesos mensuales, las y los diputados locales aprobaron para 2026 un incremento a su propio presupuesto bajo el argumento de mejorar las percepciones del personal.

No obstante, al menos en la primera quincena de enero, dicho aumento no se reflejó en el ingreso de estos trabajadores.

La precariedad salarial, la falta de certeza laboral y la ausencia de una política integral de accesibilidad evidencian una contradicción entre el discurso institucional de inclusión y la realidad cotidiana dentro del Congreso.

La dignificación del salario, la conformación de equipos suficientes para cubrir jornadas prolongadas y el cumplimiento efectivo del derecho a la accesibilidad siguen siendo pendientes en la casa legislativa de Michoacán.