Derechos políticos, esenciales para el estado de derecho: González

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de agosto de 2016.- Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que los derechos políticos son esenciales para la existencia del Estado de derecho, por ello es importante su difusión y promoción entre la sociedad. Así lo señala un comunicado de prensa.

“Los derechos políticos son la piedra de toque de todos los derechos fundamentales. Sin protección de los derechos políticos no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de asociamiento, no hay libertad de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, entonces no hay Estado de derecho”, expresó.

Destacó la importancia de que el Tribunal Electoral en compañía de todos los tribunales electorales estatales, puedan fomentar una cultura cívica y respeto de los derechos políticos, no de manera retórica ni discursiva, sino a través de análisis, estudios y grados universitarios.

Durante la firma del Convenio Específico de Colaboración para la creación de la Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos y Procesos Electorales, en el Poliforo Cultural Universitario “Ángel César Mendoza Arámburo” de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), señaló que ahora corresponde a las universidades públicas estatales la difusión de la cultura y la promoción del conocimiento de dichos derechos en todo el país.

El Magistrado aseveró que es un gran privilegio para el TEPJF colaborar con las universidades autónomas de Baja California Sur y de Tlaxcala en la instrumentación de la Maestría, que no sólo estará dirigida a los estudiantes, sino también a los representantes e integrantes de los partidos políticos, lo que fortalecerá  la democracia.

En ese contexto, González Oropeza indicó que si bien la reciente reforma electoral nacionalizó el derecho electoral, ello no significa que las instituciones electorales en los estados hayan perdido sus peculiaridades, por lo que tienen que fomentar su propio desarrollo político y electoral en el contexto general del derecho electoral.

Después de la firma del Convenio, el magistrado González Oropeza impartió a los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur la Conferencia Magistral “La Judicatura y la Universidad”, que forma parte de las actividades la Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos y Procesos Electorales.

Crucial que las universidades establezcan las herramientas para apuntalar la democracia

Por su parte, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, reconoció el papel del TEPJF en la concreción del  Convenio y la creación de la Maestría, que contribuirá a fortalecer la democracia.

“Es crucial que las instituciones de educación trabajen de cara a la sociedad y por el bienestar social, más allá del modelo educativo, con el establecimiento de las herramientas para apuntalar la democracia y el arraigo de la cultura de la legalidad con la defensa de los derechos político y electoral de los ciudadanos”, agregó.

Joaquín Beltrán Quibrera, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de  Baja California Sur (TEEBCS), señaló que la justicia electoral es un concepto relativamente nuevo y la creación de la Maestría Interuniversitaria coadyuvará a un nuevo estadio de apropiación cultural.

En su turno, Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), afirmó que los derechos políticos son un conjunto de determinaciones jurídicas que posibilitan al ciudadano participar en política, por ello las instituciones de educación superior deben rediseñar sus modelos educativos y establecer nuevos perfiles para incidir en la dinámica nacional. “Debemos promover los derechos políticos e interesar a la ciudanía en participar en los eventos político-electorales del país”, dijo.

A la firma del convenio asistieron Esteban Beltrán Cota, subsecretario General y de Gobierno del Estado de Baja California Sur; la diputada Maritza Muñoz Vargas, presidenta del Congreso del Estado de Baja California Sur; y el magistrado Daniel Gallo Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur.