Denuncia Grecia Quiroz acoso político-electoral de la FGE con tema Manzo
MORELIA, Mich., 29 de octubre de 2026.- Gastos funerarios, estudios clínicos, indemnizaciones por discapacidad y reparaciones de vehículos forman parte de los costos documentados por accidentes de tránsito en Michoacán, en tres sentencias públicas. Gastos que llegaron hasta los 761 mil pesos.
En uno de los casos, la reparación del daño y los gastos acreditados sumaron 761 mil 102 pesos, tras el atropellamiento de una mujer en La Piedad, quien murió tres días después del accidente, en septiembre de 2021. En otro, dos personas que viajaban en motocicleta en Zitácuaro sufrieron fracturas, secuelas permanentes y gastos médicos, mientras que una tercera víctima, un peatón, quedó incapacitada temporalmente por lesiones en las piernas.
Las resoluciones judiciales permiten reconstruir parte del costo de estos hechos: desde los recursos que las familias destinaron a servicios funerarios y atención médica hasta las indemnizaciones por incapacidad y los daños materiales que debieron cuantificarse ante un tribunal.
En la causa penal 479/2021, el tribunal acreditó que la hija de la mujer atropellada en La Piedad pagó 40 mil 500 pesos por el ataúd y los servicios funerarios, además de 3 mil 600 pesos por estudios de laboratorio. El dictamen contable fijó ambos gastos en 44 mil 100 pesos.
A esa cantidad se sumó una condena de 717 mil 002 pesos por reparación del daño. La suma de los conceptos acreditados y la indemnización ascendió a 761 mil 102 pesos.
El expediente documenta así una parte de las consecuencias económicas de un accidente mortal: los gastos inmediatos que afrontó una familiar y la obligación de reparación determinada por la vía penal.
En Zitácuaro, una sentencia por hechos ocurridos el 3 de julio de 2022 documentó las secuelas que dejó el choque entre una camioneta y una motocicleta en la que viajaban dos personas.
El conductor de la camioneta realizó una vuelta prohibida e interceptó la trayectoria de la motocicleta. Una de las víctimas sufrió una fractura de acetábulo izquierdo que le dejó incapacidad funcional permanente para mantenerse de pie y caminar. El dictamen médico estableció una incapacidad integral de 60 por ciento.
Por esa lesión, el tribunal fijó una indemnización de 63 mil 216.54 pesos.
La segunda persona sufrió fracturas en la tibia y el fémur izquierdos. El expediente reportó una secuela permanente de cojera y alteraciones al caminar, pero el médico no estableció un porcentaje de incapacidad, por lo que el cálculo de su indemnización quedó pendiente para la etapa de ejecución de la sentencia.
Las consecuencias económicas también incluyeron 42 mil 948 pesos por gastos de transporte, estudios de radiología y análisis clínicos, así como 6 mil pesos para reparar la motocicleta, que presentó daños en la salpicadera, la horquilla, el manubrio, el tanque de combustible, el eje, la llanta y el rin.
Los tres conceptos sumaron 112 mil 164.54 pesos. No obstante, la cantidad no representa el costo definitivo del accidente, pues quedó pendiente la indemnización de una de las víctimas y el tribunal no tuvo por acreditada la totalidad de los gastos médicos y otros desembolsos reclamados.
La Fiscalía había solicitado una reparación integral de 624 mil 913 pesos por concepto de indemnizaciones, gastos médicos y otros daños derivados del accidente.
Más allá de las cantidades, el expediente registra una consecuencia que no se agota con el pago de una factura: dos personas quedaron con limitaciones permanentes para caminar, una de ellas con una incapacidad integral de 60 por ciento.
Una tercera sentencia, correspondiente al proceso penal 294/2024, documentó las lesiones de un peatón que fue impactado por una camioneta tipo pick-up el 10 de octubre de 2023.
El conductor realizó una maniobra hacia la derecha e impactó al peatón, quien sufrió una fractura multifragmentaria de tibia y peroné derechos. El dictamen estableció que las lesiones tardarían más de 15 días en sanar y que provocarían incapacidad temporal y parcial para sus actividades cotidianas durante más de ese periodo.
La Organización Mundial de la Salud advierte que los siniestros viales generan gastos para las víctimas, sus familias y los sistemas de salud. La atención médica, la rehabilitación, la pérdida de productividad y el tiempo que otras personas destinan al cuidado de quienes sufren lesiones forman parte de sus consecuencias económicas.
La OMS estima que los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países alrededor de 3 por ciento de su producto interno bruto.
Las sentencias permiten identificar gastos e indemnizaciones acreditados ante los tribunales; pero no establecen cuánto desembolsaron las familias durante toda la recuperación, qué ingresos dejaron de percibir ni cuánto costará atender las secuelas permanentes.
Tampoco el costo del proceso penal, cuyo costo se estima puede ser de hasta 7 mil pesos por audiencia.




