Critican comunidades de Michoacán criterios de regulación del aguacate

MORELIA, Mich., 8 de mayo de 2026.- El proceso para la obtención de los aguacates, que consiste en la tala de árboles, la quema de parcelas, el cambio de uso de suelo, la siembra de aguacate para exportación y la explotación del agua para regarlos, no únicamente afecta a la naturaleza, sino a las comunidades que habitan en torno a ella.

Ante la creciente producción del aguacate, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) emitió un pronunciamiento en el que exige a las empacadoras no comprar fruta proveniente de huertas vinculadas a conflictos ambientales y a las autoridades realizar consultas sobre la legalización de actividades que afecten los territorios comunales.

A través de sus redes sociales, indicó que han padecido un proceso acelerado de degradación ambiental asociado a la expansión de huertas de aguacate en distintas regiones. “Estos impactos no son abstractos. Son realidades que enfrentan diariamente nuestras comunidades, afectando nuestra vida, nuestra seguridad y nuestro derecho al territorio”, apuntó.

En fechas recientes, se consolidó de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aguacate Franja Michoacán, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación y mediante oficio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde se establecen las características del producto, procesos de producción, criterios de calidad y delimitación de la zona geográfica.

El documento establece reglas específicas de cultivo, cosecha, empaque y comercialización, así como la entrada en vigor de la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica, que reconoce cualidades distintivas del producto ligadas a su origen.

Los municipios establecidos con tradición aguacatera son Acuitzio, Apatzingán, Ario, Cotija, Charapan, Erongarícuaro, Jiménez, Madero, Morelia, Nuevo Parangaricutiro, Parácuaro, Pátzcuaro, Peribán, Purépero, Quiroga, Los Reyes, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Taretan, Tingambato, Tingüindín, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Uruapan, Zacapu, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

Según la información oficial, el reconocimiento tiene como propósito fortalecer la zona de producción, elevar estándares de calidad y agregar valor a la cadena productiva del aguacate.

Sin embargo, el consejo advirtió que estos planteamientos se limitan a criterios legales y administrativos, sin considerar a las condiciones ambientales de las huertas o si estas mantienen activos conflictos por el territorio.

“Expresamos nuestra preocupación por los recientes planteamientos que buscan reducir la evaluación ambiental a criterios exclusivamente legales o administrativos. La legalización de actividades que han generado daño ambiental no puede ser considerada, bajo ningún principio, como garantía de sostenibilidad. Cumplir con la ley no es suficiente cuando la ley permite regularizar el daño”, sostuvo el CSIM.

Por ello, hicieron un llamado a la industria del aguacate -especialmente empacadoras, exportadores y compradores- a asumir responsabilidad en la cadena de suministro: “no compren deforestación, no compren robo de agua, no compren degradación ambiental, no compren aguacate proveniente de huertas vinculadas a conflictos ambientales o territoriales”.

El llamado se extendió a las autoridades estatales y federales, para que realicen consultas previas ante este tipo de determinaciones.

“Hacemos un llamado categórico al Estado mexicano para que se nos consulte de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y vinculatoria, sobre las medidas legislativas o administrativas que nos afecten, principalmente cuando se trate de nuestro territorio y bienes comunales”.