A balazos, asesinaron a hombre en Uruapan en la colonia El Periodista
Ante el conflicto agrario que prevalece entre las comunidades indígenas de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, y Capacuaro, municipio de Uruapan, cuyos habitantes se disputan un perdió de 500 hectáreas, y que este día derivó en un bloqueo carretero y la quema de un vehículo, comuneros de Arantepacua advirtieron que no aceptarán turnar el caso ante un tribunal agrario, y exigen al gobierno que se respete un acuerdo de 1941.
“No tiene sentido llevar esto a juicio porque los tribunales han dicho que no van a emitir un nuevo resolutivo si las comunidades no se ponen de acuerdo; queremos que el gobierno haga respetar el convenio que se firmó desde 1941, ahí se establecen los límites de tierras para cada comunidad”, comentó Simón Jiménez Morales, miembro de las autoridades civiles y comunales de Arantepacua, En entrevista Con Quadratín.
Desde el pasado 20 de febrero se advertía que las diferencias entre habitantes de Arantepakua y Capacuaro, por límites de tierras, podrían derivar en un brote de violencia, según señalaban los propios comuneros de Nahuatzen, quienes acusaban a los de Uruapan de montar barricadas y bloqueos en el tramo carretero Nahuatzen-Uruapan, por lo que pedían la intervención del gobierno del estado y autoridades municipales.
Sobre el tema, el director de Concertación Agraria del gobierno de Michoacán, Eleazar Aparicio Tercero, informó el 17 de marzo que se estaba a la espera que se ratificara un acuerdo para la desocupación temporal del predio de 500 hectáreas, en tanto se daba cauce legal a un juicio agrario en tribunales, por lo que se advertía un paso determinante en la solución del conflicto agrario entre Arantepacua y Capacuaro.
En esa ocasión, explicó que Aparicio Tercero explicó que se esperaba la instauración de un proceso legal en el Tribunal Unitario Agrario, para abrir un juicio; en caso de que las comunidades llegaran a un acuerdo, habría posibilidad de que el Tribunal Unitario Agrario elevara a sentencia ese acuerdo común, pero que en caso de que se tuviera que ejecutar una resolución final, en un proceso que podrían tomar varios meses o incluso años.