Por supuestamente extorsionar a hombre con 1.9 mdp la detienen en Uruapan
MORELIA, Mich., 6 de abril de 2026.- La comunidad de Arantepacua definió como siguiente paso jurídico explorar que el caso sea llevado ante la Corte Penal Internacional, bajo el argumento de que los hechos del 5 de abril de 2017 podrían encuadrarse en delitos contemplados en el Estatuto de Roma.
El abogado de la comunidad, Enrique Guerrero, explicó que esta ruta implicaría acreditar que hubo un ataque sistemático contra la población, lo que permitiría configurar delitos de carácter internacional y no sólo del fuero común, como actualmente se investigan.
"Lo que vamos a explorar es si estos hechos pueden ser considerados dentro de los delitos previstos en el Estatuto de Roma, es decir, si hubo un ataque sistemático contra la comunidad”, expuso.
Detalló que esta posibilidad será analizada en una reunión técnica que se llevará a cabo este martes con autoridades del Poder Judicial, la Fiscalía, la Comisión de Víctimas y otras instancias. “Se va a trabajar sobre esa ruta para que esto no quede impune, tanto en el ámbito local como en el internacional”, señaló.
De avanzar este planteamiento, el caso requeriría la intervención de instancias federales, particularmente de la Fiscalía General de la República, ya que sería el Estado mexicano quien tendría que llevar la representación ante un tribunal internacional.
“Si se acredita que el tipo de delito está en una convención que el Estado mexicano ha ratificado, entonces se tiene que hacer un desglose hacia las competencias federales para que representen al Estado mexicano en una instancia internacional”, indicó.
La defensa precisó que esta estrategia no sustituye la investigación local por delitos como homicidio o tortura, sino que la complementa, con el objetivo de ampliar el alcance de responsabilidad.
“Hay delitos del fuero común que se tienen que seguir investigando, pero también advertimos la posible existencia de delitos de carácter internacional”, dijo.
Además, advirtió que acudir a la Corte Penal Internacional implicaría elevar el estándar de prueba y documentar los hechos bajo criterios de derecho internacional. “No es una ruta sencilla, requiere un análisis técnico y jurídico profundo, pero es una vía que se tiene que explorar”, agregó.
Guerrero dejó claro que la comunidad no desistirá de ninguna vía hasta lograr resultados. “No descansará la comunidad hasta que todos los responsables estén detenidos, ya sea en instancias nacionales o internacionales”, afirmó.
Finalmente, reiteró que el objetivo es que las órdenes de aprehensión existentes se traduzcan en sentencias firmes. “Este es un primer paso, pero no es suficiente; lo que buscamos es castigo para todos los autores materiales e intelectuales”, concluyó.




