Aspirantes judiciales, contra reloj para acreditar probidad ante IEM

MORELIA, Mich., 20 de mayo de 2025.- Los candidatos a cargos judiciales en Michoacán tienen como fecha fatal este martes 20 de mayo para entregar dos documentos indispensables que determinan su permanencia en el proceso electoral judicial extraordinario: el formato 8 de 8, bajo protesta de decir verdad y el certificado de no ser deudor alimentario.

Así lo establece el acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que fija el 20 de mayo de 2025 como el último día para cumplir con estas obligaciones, ya sea de forma digital a través del Sistema Conóceles Judicial, en el caso del formato, o presencialmente en los Consejos Distritales o la Oficialía de Partes del Instituto, para el certificado.

Aunque el acuerdo contempla un margen breve de subsanación, este no representa una prórroga: en caso de que el documento no sea entregado o presente inconsistencias, la Secretaría Ejecutiva emitirá un requerimiento con plazo máximo de 24 horas para corregir.

Si la persona candidata no responde, el IEM podrá solicitar directamente la información a las autoridades competentes. Sin embargo, el análisis institucional y el primer corte de hallazgos se realizará con base en lo recabado hasta el 20 de mayo, lo que hace de esa fecha un límite determinante.

Ambos documentos buscan acreditar que las personas aspirantes no se encuentren en alguno de los ocho supuestos de inhabilitación para cargos públicos previstos en la Constitución mexicana y en la legislación electoral federal:

Desde estar prófugo o sentenciado por delitos como violencia familiar, sexual o incumplimiento de pensiones alimenticias, hasta haber sido sancionado por violencia política de género.

El procedimiento será ejecutado por un Grupo Interdisciplinario encabezado por la Secretaría Ejecutiva del IEM, con participación de siete áreas técnicas, que revisarán los documentos presentados, recibirán denuncias ciudadanas a través del micrositio Conóceles Judicial, y notificarán a las personas candidatas cuando se detecten indicios de alguna causa de inelegibilidad.

En esos casos, las personas afectadas tendrán un plazo de tres días naturales para ejercer su derecho de audiencia y aportar pruebas en su defensa. El análisis definitivo se basará en todos los elementos disponibles, incluyendo respuestas de autoridades judiciales, aportaciones de organizaciones civiles y documentos oficiales.

Los primeros hallazgos deberán presentarse en la sesión del Consejo General posterior a la jornada electoral del 1 de junio, mientras que la resolución final se discutirá y aprobará el 15 de junio de 2025. Cualquier falsedad en las declaraciones será turnada a las autoridades correspondientes.

Este mecanismo forma parte del nuevo modelo de control de elegibilidad derivado de la reforma judicial que convierte la elección de jueces y magistrados en un ejercicio ciudadano directo, pero también sujeta a filtros legales rigurosos que buscan garantizar perfiles éticos, legales y libres de antecedentes graves.