Apela y expone formas de violencia familiar que permanecen invisibles

MORELIA, Mich., 27 de julio de 2026.- Cachetadas, empujones o amenazas, es lo primero que podría pensarse cuando se piensa en la violencia familiar, pero más allá de los golpes, una impugnación por no vinculación a proceso expone una serie de formas de violencia que suelen permanecer invisibles o normalizadas dentro de las relaciones de pareja: fiscalización del tiempo, el espacio, intimidación dañando el entorno, inducción el miedo y hasta la vergüenza.

Ericka del Socorro sufrió por tres años  violencia en su hogar, en Zamora, pero las barreras invisibles que se forman en torno a la denuncia la limitó por mucho tiempo, hasta que agarró valor y lo denunció. 

Inicialmente fue revictimizada. No se dio la vinculación a proceso, pero luego de la apelación el casó resultó a su favor. Pero en la lucha por la justicia, su caso evidenció una serie de agresiones de la que pocos se hablan o conocen.  

Según el Instituto de Investigaciones Juridicas, de la UNAM, la “violencia familiar es aquella que nace del ejercicio desigual de las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar, y que se ejecuta cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia, viva o no en el mismo domicilio, contra otro a través de actos que lo agreden física, psicológica, sexual y/o verbalmente, con el fin de controlar, someter o dominar al receptor de la violencia, sin que para su existencia y prueba sea necesaria la presencia de lesiones”, es decir.  Pueden ser múltiples y muy diversas las formas de agresión, y aunque amenazas o golpes son las más comunes, Ericka del Socorro vivió otras igual de graves de forma prolongada. 

El recurso, presentado ante la Sala Unitaria en Materia Penal de Zamora para controvertir la resolución dictada el 11 de febrero de 2026 por un juez de control, describe una dinámica que, según la víctima Ericka del Socorro, se extendió desde junio de 2023 hasta febrero de 2026. En ese periodo, sostiene, el control no solo se ejerció mediante agresiones físicas, sino también a través del miedo, la intimidación y la vigilancia de su vida cotidiana.

Uno de los elementos que expone el documento es la violencia ejercida mediante el temor. 

La víctima relata que permitió el ingreso del investigado a su domicilio no porque hubiera cambiado de decisión, sino para evitar nuevos ataques contra su patrimonio:

 "Siendo por esa violencia es que accedí a abrirle y dejarlo pasar, ya que de no hacerlo éste me seguiría haciendo destrozos en mis pertenencias", refiere la impugnación.

El escrito también describe la destrucción de bienes como una forma de sometimiento. Además de atribuir al investigado daños por aproximadamente 25 mil pesos en un vehículo, la víctima afirma que romper cristales y causar destrozos durante las discusiones formaba parte de un patrón recurrente. 

"Todas las veces que discutíamos me agredía, rompía o me dañaba algo material", señala el documento.

La impugnación incorpora además conductas relacionadas con el control del espacio dentro del hogar. En uno de los episodios, la denunciante sostiene que el investigado, “permaneció encerrado en un baño del patio , porque es suyo y evita que nosotros lo usemos", situación que, según el recurso, alteraba la dinámica cotidiana de la vivienda.

Otra conducta descrita corresponde a la vigilancia sobre las actividades personales de la víctima. El recurso refiere que una discusión comenzó después de que Ericka del Socorro acudió con una de sus hijas a una tienda departamental y, al regresar, fue objeto de reclamos que derivaron en un nuevo episodio de violencia.

El documento también incorpora expresiones de posesión como parte del contexto denunciado. La víctima afirma que, después de una agresión ocurrida en noviembre de 2025, el investigado le dijo: "tú nada más vas a ser de mí".

La impugnación sostiene además que el ambiente de violencia alcanzó a los hijos de la denunciante, aunque no existieran agresiones físicas directas en su contra. Como respaldo, cita dictámenes psicológicos que documentan "estrés significativo, alta sensibilidad emocional, temor, ansiedad, intranquilidad y gran necesidad de apoyo".

"El control de detención fue por la actitud violenta... a mis hijos no los ha violentado físicamente, pero sí psicológicamente", expone el recurso.

Para sustentar que no se trató de hechos aislados, la promovente señala que existe una carpeta de investigación iniciada el 27 de junio de 2023 y sostiene que las agresiones continuaron hasta el 9 de febrero de 2026, cuando ocurrió la detención del imputado.

"La violencia familiar es continua... los hechos de la denuncia del 27 de junio de 2023 continuaron hasta el 9 de febrero de 2026", cita la impugnación.

Con esos argumentos, el recurso solicitó que la Sala Unitaria en Materia Penal de Zamora revocara la no vinculación a proceso al considerar que el expediente no solo documenta agresiones físicas, sino un contexto de violencia sostenida que incluye formas de control e intimidación que suelen pasar inadvertidas o ser minimizadas dentro de la vida cotidiana. Solicitud que le fue concedida y dio paso a la judicialización del caso.