A más de un mes de la solicitud a la FGR de atraer el caso Manzo
MORELIA, Mich., 10 de abril de 2026.- El Estado mexicano informó a la Organización de las Naciones Unidas que el asesinato del defensor de derechos humanos y líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en Apatzingán, Michoacán, continúa sin resolverse, a pesar de que existen dos órdenes de aprehensión vigentes y una investigación en curso sin resultados concluyentes.
De acuerdo con el informe oficial remitido el 20 de febrero de 2026 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la indagatoria se mantiene abierta bajo el delito de homicidio calificado, sin que se haya logrado la detención de los responsables.
El documento, dado a conocer apenas este viernes, detalla que el 20 de octubre de 2025 fue localizado el cuerpo sin vida de la víctima en un camino rural de Apatzingán, al interior de un vehículo, lo que derivó en el inicio inmediato de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
En su respuesta a los procedimientos especiales de la ONU, derivada de la comunicación AL MEX 15 2025, el Estado mexicano enumeró las diligencias realizadas, procesamiento de la escena del crimen, recolección de indicios, entrevistas, análisis de contexto, así como la elaboración de dictámenes periciales y el análisis de dispositivos electrónicos, registros de comunicación y material audiovisual.
Asimismo, informó que se han obtenido autorizaciones judiciales para intervenir información en materia de telecomunicaciones y aplicar técnicas de investigación previstas en la legislación vigente.
Como resultado de estos trabajos, el propio informe reconoce que “actualmente se cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes”, libradas desde el 5 de noviembre de 2025, mientras la Fiscalía estatal continúa con diligencias para la posible obtención de más mandamientos judiciales y la determinación de responsabilidades.
El Estado mexicano admite además que “la Fiscalía General del Estado de Michoacán continúa con las diligencias de investigación necesarias para la posible obtención de órdenes de aprehensión adicionales y la plena determinación de responsabilidades, tanto materiales como intelectuales”, lo que confirma que el caso sigue abierto.
Incluso, señala que aún se encuentra recabando información adicional solicitada por los mecanismos internacionales, misma que será remitida posteriormente, lo que evidencia que la respuesta enviada a la ONU no es definitiva.
El caso de Bernardo Bravo llegó al escrutinio internacional tras una comunicación de expertos de la ONU enviada el 29 de diciembre de 2025, en la que se advierte preocupación por el asesinato de un defensor vinculado a la denuncia de extorsiones y control criminal en el sector limonero de Tierra Caliente .
Bravo Manríquez era productor de limón y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, desde donde denunció públicamente prácticas de extorsión, imposición de precios y control de intermediarios por parte de grupos criminales en la región, además de impulsar el Tianguis Limonero como alternativa para la comercialización directa .
De acuerdo con la relatoría internacional, el defensor había solicitado medidas de protección tras recibir amenazas, sin embargo, estas se habrían reducido meses antes de su asesinato, en un contexto de violencia sostenida contra líderes del sector agrícola en la región .
La ONU también ha advertido que en este tipo de casos en México existe una tendencia a desvincular los homicidios de la labor de defensa de derechos humanos, privilegiando líneas relacionadas con delincuencia organizada, lo que podría limitar el esclarecimiento integral de los hechos .
En este contexto, la respuesta del Estado mexicano se limita a reportar avances técnicos y procesales, sin que hasta ahora se informe sobre personas detenidas o sentencias, lo que mantiene el caso de Bernardo Bravo abierto tanto en el ámbito penal como bajo seguimiento internacional en materia de derechos humanos.




