Resultados de Carlos Torres Piña al frente de la Fiscalía de Michoacán
MORELIA, Mich., 27 de abril de 2026.- La audiencia inicial de formulación de imputación contra dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán por presunto abuso de autoridad en agravio de Raúl Meza fue diferida.
A través de un comunicado, los asesores jurídicos de la víctima, Carlos Escobedo y Dayra Hernández, denunciaron que dilaciones deliberadas del Poder Judicial de Michoacán (PJM) impidieron la realización de la audiencia.
De acuerdo con la denuncia difundida por los abogados de Raúl, este día estaban citados dos agentes de la SSP para comparecer como imputados por hechos ocurridos el 2 de noviembre de 2025, durante una manifestación derivada del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
En ese contexto, se documentaron en redes sociales y medios de comunicación diversos videos donde se observan agresiones físicas contra manifestantes.
En el caso de Raúl Meza, se señala como hecho central el uso de un “tehuacanazo”, además de golpes y patadas en el cuerpo, presuntamente propinados por elementos policiales.
Uno de los imputados, identificado como Carlos Alberto “N”, quien se desempeñaba como escolta del titular de la SSP, no se presentó a la audiencia. Su defensa argumentó que, aunque había tenido comunicación previa con él, en ese momento no respondía llamadas.
Ante esta situación, la jueza de Control, María Guadalupe Zavala Jacobo, determinó que no existían condiciones para llevar a cabo la audiencia, debido a que, según expuso, no había certeza de que el imputado hubiese sido debidamente notificado, lo que atribuyó a omisiones del personal del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
El señalamiento adquiere relevancia porque, aun cuando la defensa del imputado sostuvo que este tenía conocimiento de la audiencia, la falta de confirmación formal de la notificación bastó para frenar el proceso.
En su declaración ante la Fiscalía, Carlos Alberto “N” reconoció su calidad de escolta y justificó su actuación al afirmar que Raúl presentaba irritación en los ojos por el uso de gas lacrimógeno, por lo que decidió “brindarle atención” arrojándole agua, versión que contrasta con los señalamientos de uso excesivo de la fuerza.
La audiencia fue reprogramada para el 16 de junio de 2026 a las 10:30 horas, lo que implica un aplazamiento de más de un mes en el avance del proceso judicial.
El diferimiento coloca el foco en la actuación institucional, no sólo por los hechos denunciados contra elementos de seguridad, sino por las fallas procedimentales que, de acuerdo con la asesoría de la víctima, siguen retrasando el acceso a la justicia.




