Acusan 31 exjueces de Michoacán retiro sin pago tras reforma judicial 

MORELIA, Mich., 13 de mayo de 2026.- Un grupo de aproximadamente 31 exjueces del fuero común en Michoacán mantiene un litigio contra el Poder Judicial del estado, al que acusan de incumplir el pago de indemnizaciones y haberes por retiro, establecidos en el programa de retiro anticipado, derivado de la reforma judicial, pese a que los convenios fueron formalmente suscritos y reconocidos por la propia institución.

En entrevista con Quadratín, a pregunta expresa, el exjuez Edgar Iván Orozco afirmó que ninguno de los integrantes del programa ha recibido pago alguno, situación que ya derivó en un amparo colectivo, demandas laborales y nuevos recursos legales promovidos contra el Poder Judicial estatal.

“Somos aproximadamente un poquito más de 30, 31 jueces que entramos a un programa especial que surgió a raíz de la reforma al Poder Judicial a nivel federal y también a nivel estatal”, explicó.

Detalló que el esquema fue diseñado para jueces que no alcanzaban aún jubilación o pensión, pero acumulaban más de 20 años de servicio dentro del Poder Judicial.

“Este programa está dirigido o estaba dirigido a jueces que no éramos jubilables o pensionables porque no teníamos de antigüedad, pero que ya tenemos un periodo de más de 20 años dentro de lo que es el Poder Judicial”, señaló.

Según relató, los convenios establecían el pago de indemnización constitucional y un haber por retiro escalonado durante varios años, pero el Poder Judicial no cumplió.

“Si me inquieres por la verdad de las cosas, es que no hemos tenido ningún pago por parte del Poder Judicial”, declaró.

Orozco sostuvo que el conflicto comenzó en la administración anterior del Tribunal, que dejó pendiente el pago, y continuó con la actual presidencia, pese a compromisos verbales de respetar los acuerdos.

“La última nos recibió él directamente, nos dijo que iba a cumplir los compromisos acordados por la anterior administración, que legalmente los tiene que cumplir”, afirmó.

Sin embargo, posteriormente el Consejo o área administrativa del Poder Judicial emitió un acuerdo mediante el cual, dijo, extinguieron sus derechos económicos bajo un argumento que calificó de “inventado”.

“Nos sacaron un acuerdo donde nos extinguen a nosotros el derecho, un acuerdo que la verdad no tiene ninguna razón de ser, ninguna fundamentación”, acusó.

Según explicó, el argumento utilizado fue que los jueces debieron presentar formalmente una declinación ante la autoridad electoral para acceder al retiro, requisito que, aseguró, nunca estuvo previsto en el programa original.

“Eso es lo que ellos se inventaron aquí en el Poder Judicial para retirarnos o para no darnos el pago”, sostuvo.

El exjuez explicó que los montos adeudados varían dependiendo de la antigüedad y del nivel salarial que tenía cada juzgador, pero estimó que solo la indemnización constitucional ronda entre 800 y 900 mil pesos por persona.

“Por ejemplo, yo tengo un poquito más de 900 mil pesos”, comentó al señalar que acumuló 27 años de trabajo en el Poder Judicial, de los cuales 23 o 24 le fueron reconocidos oficialmente.

Además de la indemnización, dijo, el convenio contemplaba el llamado haber por retiro, equivalente a una especie de pensión temporal decreciente.

“Lo que recibíamos al mes se iba a trasladar en un año al 100 por ciento, después al 80, 60 y así hasta reducirlo a 20 y después extinguirse”, explicó.

Orozco aseguró que jurídicamente consideran sólida su expectativa de obtener una resolución favorable, aunque reconoció incertidumbre política y judicial sobre el desenlace de los amparos.

“Me parece que es a ojos vista esta situación inadecuada, indebida, ilegal y totalmente injusta que nos está haciendo el Poder Judicial actual”, expresó.

También acusó trato diferenciado dentro de la implementación de la reforma judicial estatal, pues aseguró que algunos jueces que sí participaron en la elección judicial recibieron pagos o reubicaciones, mientras que quienes optaron por no contender quedaron excluidos.

“Hubo jueces, juezas que contendieron, que perdieron, que sí les dieron, pero contendieron; nosotros no contendimos”, dijo.

Incluso señaló que magistrados sí habrían asegurado sus prestaciones antes de abandonar el cargo.

“Los magistrados se fueron con todo pagado, ellos no tienen ningún problema de nada, ellos se aseguraron su pensión, su dinero, su haber por retiro, su indemnización, todito se lo despacharon ellos”, acusó.

Añadió que la información obtenida mediante el juicio de amparo evidenciaría pagos diferenciados dentro del propio Poder Judicial. “Parece que a unos sí y a otros no”, insistió.

Al ser cuestionado sobre si el conflicto podría interpretarse como una represalia contra quienes decidieron no participar en la elección judicial, respondió: “Sí, me parece que sí”.

“No quisimos ser partícipes de esta situación. Sí me parece que tal como lo dices, no solamente no se nos convalidan nuestros derechos, sino que parece que por esta postura crítica que al final les dimos nuestro lugar, pero parece que en lugar de respetar nuestros derechos, pues al contrario, no los respetaron”, manifestó.

El exjuez sostuvo que antes de la reforma existían aproximadamente 170 jueces de primera instancia y menores en Michoacán, de los cuales cerca de 31 firmaron el convenio de retiro anticipado.

“A todos nosotros, a todos los de retiro anticipado, a ninguno nos pagaron”, afirmó.

También acusó opacidad en el manejo administrativo del Poder Judicial estatal.

“La autoridad administrativa del Poder Judicial se ha manejado con bastante secrecía y me parece que de una manera más bien discrecional”, señaló.

Sobre posibles movilizaciones o protestas públicas, dijo no poder hablar en nombre de todos sus compañeros, aunque adelantó que buscará visibilizar el caso públicamente.

“Voy a hacer todo lo posible, como lo he hecho ya en los medios, para comunicar esta situación, para exponer esta aberración”, manifestó.

El exjuez advirtió que el problema trasciende el ámbito económico y refleja riesgos mayores dentro del nuevo modelo judicial.

“La manera en que nos han tratado ha sido humillante, vergonzosa, caprichosa. Ahora nos lo están haciendo a nosotros, pero el día de mañana quién dice que no cualquier otra persona pueda ser afectada por determinaciones así de aberrantes y así de injustas”, declaró.