Acusa otro exjuez falta de pago y engaño en retiro judicial en Michoacán

MORELIA, Mich., 18 de mayo de 2026.- El exjuez michoacano Jorge Hernández Trejo denunció que el nuevo órgano de administración del Poder Judicial de Michoacán, actualmente presidido por el magistrado Hugo Gama Coria, ha incumplido con el pago de indemnizaciones, haberes de retiro y beneficios prometidos a decenas de juzgadores que dejaron sus cargos tras la reforma judicial.

En entrevista con Quadratín, el exfuncionario judicial afirmó que fue “engañado” por las autoridades judiciales luego de acogerse al programa de retiro anticipado derivado de la reforma judicial, proceso que, dijo, implicó la salida de 48 jueces en Michoacán.

“Fuimos engañados. Una vez que ya nos retiraron del puesto, no nos quieren pagar”, acusó, al  asegurar que al menos 31 exjueces promovieron amparos ante tribunales federales por presuntas violaciones a sus derechos laborales.

Hernández Trejo señaló que laboró cerca de 30 años dentro del Poder Judicial del Estado de Michoacán y que fue adscrito a distritos judiciales como Zinapécuaro, Zamora, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. “Ingresé a laborar en 1995”, indicó.

Explicó que, tras aprobarse la reforma judicial, a jueces y magistrados se les informó que la totalidad de los juzgadores del país serían renovados, aunque el proceso se aplicaría en dos etapas: 50 por ciento en 2025 y el resto en 2027.

“A nosotros se nos hizo la invitación o se nos llamó de parte del Poder Judicial del Estado exactamente a las 7 de la mañana del día 3 de diciembre del año 2024”, relató.

Según su versión, en ese momento se les informó que en Michoacán debían quedar vacantes 75 plazas judiciales de un total aproximado de 150 jueces en materias civiles, penales, familiares, mixtas y de menores.

“Prácticamente nos están corriendo porque nuestro proyecto de vida es estar hasta los sesenta, sesenta y cinco años de edad”, expresó.

El exjuez sostuvo que el programa de retiro anticipado fue presentado como un esquema que garantizaría derechos laborales, sociales y económicos de quienes dejaran sus cargos.

“Se nos ofreció un beneficio, era el retiro anticipado”, explicó. Detalló que, además de la indemnización constitucional, se les prometió un esquema adicional de retiro y un haber de retiro pagadero hasta por cinco años.

“Se hablaba de un haber de retiro. Si una persona se retiraba juez o magistrado se le pagarían durante cinco años, el primer año 100 por ciento, en el segundo 80 y sucesivamente hasta el sexto año que ya no se le pagaba nada”, afirmó.

Hernández Trejo aseguró que aceptó integrarse al programa y presentó formalmente su declinación entre el 3 y el 6 de diciembre de 2024, acompañada de documentos que acreditaban su antigüedad laboral.

Indicó que el 9 de diciembre de 2024 recibió notificación oficial de que había sido aprobado para incorporarse al programa de retiro anticipado y que dejaría el cargo el 14 de septiembre de 2025.

Sin embargo, dijo que posteriormente detectó inconsistencias en el cálculo de su antigüedad laboral ante Pensiones Civiles del Estado, lo que impedía alcanzar formalmente los 30 años de servicio requeridos para su jubilación.

Relató que, tras revisar talones de pago y cotizaciones, logró acreditar que sí cumplía con la antigüedad requerida y que alcanzaría los 30 años el 15 de septiembre de 2025, es decir, apenas 24 horas después de la fecha fijada para su retiro.

“Yo le informé al señor presidente: para acceder a mi jubilación me faltan 24 horas”, señaló.

Según narró, solicitó un contrato temporal de algunos días para completar el requisito de jubilación, pero el entonces Consejo del Poder Judicial únicamente dejó una “propuesta” al nuevo órgano administrativo para otorgarle un contrato de entre cinco y diez días.

“Fue el último día de existencia de ese órgano porque el domingo 14 dejó de existir”, dijo sobre la transición administrativa derivada de la reforma.

Afirmó que, cuando acudió ante la nueva administración judicial encabezada por el magistrado presidente Gerardo Gama, le informaron que no existía obligación de cumplir con las determinaciones del anterior Consejo.

“La secretaria ejecutiva me dice: ‘No tenemos ninguna obligación de acatar la orden del anterior Consejo del Poder Judicial’”, relató.

El exjuez aseguró que desde entonces inició una serie de solicitudes formales para exigir el pago de indemnización constitucional, haber de retiro, fondo de ahorro, aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones.

Precisó que dicho fondo de ahorro existía desde 2007 mediante un esquema de inversión bancaria para jueces y magistrados. “Era un contrato de inversión en el cual se establecía que para jueces y magistrados se les soportaría un 5 por ciento de su salario”, explicó.

Añadió que durante meses recibió respuestas evasivas y que incluso le negaron una audiencia con el magistrado presidente. “Pedí audiencia con el señor presidente, sin embargo me fue negada”, afirmó.

Hernández Trejo denunció además que, al perder su cargo, también le suspendieron el acceso al servicio médico del IMSS pese a padecer enfermedades y requerir equipo médico especializado.

“Tengo subrogado por parte del Seguro Social un equipo de respiración”, señaló. Aseguró que posteriormente la Secretaría Ejecutiva le ofreció un contrato por tres meses, condicionado a que renunciara por escrito a cualquier reclamación laboral.

“Me dicen: ‘Le voy a ofrecer un contrato por tres meses… pero para ello usted renuncia a todos sus beneficios o derechos respecto a la indemnización’”, declaró.

Dijo que rechazó esa propuesta por considerar que implicaba renunciar a derechos laborales constitucionales.

El exjuez acusó además que funcionarios judiciales retrasaron deliberadamente la resolución de su caso hasta que vencieran los plazos para promover acciones laborales.

“Ahí noté que estaban actuando de mala fe”, sostuvo.

Indicó que, aunque inicialmente el Consejo había aprobado un beneficio económico superior a un millón de pesos derivado del retiro anticipado, posteriormente la nueva administración desconoció ese acuerdo.

“El primero de septiembre del 25 acordaron que me entregarían la cantidad de un millón 86 mil 594 pesos con 38 centavos”, dijo.

No obstante, aseguró que finalmente solo le notificaron pagos parciales relacionados con aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Añadió que incluso hubo modificaciones posteriores a los montos inicialmente notificados. “Me notifican el día 18; después vuelven a modificar los montos”, denunció.

Hernández Trejo afirmó que, al exigir explicaciones formales sobre la negativa de pago de indemnización y otros conceptos, la Secretaría Ejecutiva únicamente respondió que su situación era “atípica” y no estaba contemplada en el decreto de reforma.

“Me deja en un estado de indefensión y en el limbo”, acusó.

El exjuez también cuestionó públicamente las declaraciones del presidente del Poder Judicial respecto a que todos los exjuzgadores habían sido liquidados. “Es una total mentira”, afirmó.

Según dijo, más de 31 exjueces promovieron amparos y algunos también juicios laborales para reclamar pagos pendientes. “En lo personal yo no he recibido un solo cinco desde que fui retirado de mi cargo como juez”, sostuvo.

Durante la entrevista, Hernández Trejo también lanzó fuertes críticas contra la implementación de la reforma judicial y el nuevo modelo de elección de juzgadores.

“Actualmente los jueces están trabajando con consigna, les dicen cómo resolver”, acusó.

Afirmó que varios de los nuevos jueces carecen de experiencia y conocimientos técnicos suficientes para desempeñar el cargo. “Es aberrante que el juez le pregunte a un escribiente si está correcto su trabajo”, expresó.

También cuestionó que algunos juzgadores hayan llegado al cargo mediante lo que denominó “acordeones” y votaciones manipuladas. “¿En manos de quién está la justicia?”, plantewó.

El exjuez advirtió que la situación podría agravarse en 2027, cuando concluya la segunda etapa de sustitución de jueces. “Ahora se va a remover al otro 50 por ciento de los jueces que ya tienen conocimiento”, alertó.

En cuanto a la estrategia jurídica, informó que actualmente mantiene juicios de amparo en juzgados federales por derecho de petición y por negativa de pago. “Estamos esperando a que los jueces de distrito resuelvan nuestros amparos”, indicó.

Asimismo, adelantó que exjueces afectados analizan realizar manifestaciones públicas y acciones de protesta. “En días próximos los jueces de retiro anticipado van a manifestarse y le van a hacer llegar sus inconformidades”, anunció.

Recordó además que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, había asegurado públicamente que se respetarían los derechos laborales de los juzgadores afectados por la reforma.

“El gobernador dijo que se respetarían todos los derechos laborales de las personas que tendrían que retirarse de su cargo, cosa que no se ha cumplido”, afirmó. Finalmente, Hernández Trejo insistió en que el Poder Judicial debe cumplir con las indemnizaciones y beneficios prometidos.

“Simplemente una persona que ha sido retirada de su cargo tiene derecho a una indemnización”, concluyó. 

Cabe recordar que apenas la semana pasada el exjuez Edgar Iván Orozco Silva acusó al Poder Judicial de Michoacán de difundir información “falsa” sobre los pagos derivados de la reforma judicial, y dijo que es mentira que los exjueces ya recibieron la totalidad de sus liquidaciones. 

En esa ocasión, Orozco Silva sostuvo que sólo le cubrieron uno de los tres conceptos pactados en el retiro anticipado y aseguró que unos 31 exjueces siguen sin recibir todos los recursos comprometidos.