Abuso sexual infantil revela vacío legal si el acusado también es menor

MORELIA, Mich., 17 de julio de 2026.- La denuncia UJA3/04/00057/2026 no solo documenta el abuso sexual que sufrió un niño de seis años dentro de un plantel escolar en Morelia. También exhibe un vacío institucional y jurídico cuando el presunto agresor tiene la misma edad que la víctima.

El caso ocurrió en marzo pasado en un instituto que se encuentra frente a Casa Michoacán. Ese mismo día, Estefanía, madre del menor, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y el 5 de marzo de 2026 formalizó una queja ante la institución educativa. Meses después, el expediente concluyó con una resolución de inimputabilidad por la edad del niño señalado.

La consecuencia, sostiene, fue que el procedimiento terminó sin una respuesta que atendiera las afectaciones de su hijo. El reclamo es profundo, porque no hay protocolo de atención para la víctima. Seguimiento o medidas cautelares que les permitan continuar con su vida.

"Esperamos de las autoridades, que iba hacerse justicia a mi hijo, pero fue obsoleto", expresó Estefanía.

La madre relató que la investigación avanzó hasta el punto en que la Fiscalía le informó que el menor señalado no podía ser sujeto de un proceso penal.

"La Fiscalía nos dijo que harían todo lo posible para investigar el caso, pero nos comentó que sería complicado, por la edad del menor agresor. Que lo veía complicado. Pero había mecanismos alternos, porque el menor no podía ser procesado."

De acuerdo con Estefanía, esos mecanismos nunca se materializaron.

"No hubo ningún tipo de proceso ni legal ni psicológico."

Para ella, el expediente concluyó sin una medida que atendiera tanto a la víctima como al menor señalado.

"Todo terminó en frustración y coraje, en una total y completa inseguridad de justicia."

El caso plantea un problema que rebasa el ámbito penal. La legislación mexicana establece que los menores de 12 años son inimputables, por lo que no pueden ser sometidos al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. A partir de los 12 años pueden enfrentar procedimientos conforme a la legislación especializada y, una vez alcanzada la mayoría de edad, por la vía penal ordinaria. Pero no los menores de 12 años.

Sin embargo, la inimputabilidad no extingue la obligación del Estado de proteger a las víctimas ni de intervenir para atender al menor que ejerció la conducta mediante acciones de protección, atención psicológica, intervención familiar y medidas administrativas cuando correspondan.

Según la Ley de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su Artículo 32, establece que debe aplicarse un “protocolo de atención inmediata”, pero no especifica cuál es ni en qué consiste:

“Adicionalmente, en los casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales deberán actuar bajo los lineamientos establecidos en el Protocolo de Atención Inmediata”.

Estefanía sostiene que tampoco encontró esa respuesta.

"Fue un proceso largo, tedioso, revictimizante para las víctimas."

Relató que durante la integración de la carpeta de investigación su hijo tuvo que revivir los hechos en diversas ocasiones para acreditar su calidad de víctima.

"Revictimizar a las víctimas, porque les hacen múltiples cuestionamientos y llevan a revivir, para darle la categoría de víctimas."

Las consecuencias, afirmó, permanecen.

"Mi hijo está afectado emocionalmente, sin confianza en las autoridades. No alcanza a darle un nombre a lo que sucedió, pero sí sabe que nada hicieron. Él está en confianza con nosotros, pero sabe que en las autoridades no."

Mientras tanto, dijo, el niño señalado continúa inscrito en el mismo plantel.

"La escuela argumenta que no puede darlo de baja al niño violentador porque no hay un dictamen por culpabilidad… El niño sigue en esa escuela, porque de lo contrario sería discriminación escolar."

Ahora, agregó, las autoridades educativas le solicitaron nuevamente todo el expediente.

"Ahora hay que entregar nuevamente a las autoridades educativas todo el expediente, para que se inicie un proceso de capacitación hacia la plantilla educativa."

El caso ocurre en un contexto en el que la Fiscalía General del Estado acumula 362 denuncias por abuso sexual cometido contra personas menores de edad en lo que va de 2026. Es el universo de delitos donde el probable responsable tiene 12 años o más, porque pueden ser perseguidos mediante el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes o, en su caso, por la jurisdicción penal para adultos.

Los casos en los que el presunto agresor es menor de 12 años quedan fuera del ámbito penal y dependen de la actuación de instituciones de protección, educativas y de asistencia social.

La experiencia de Estefanía expone el vacío que enfrentan las familias cuando tanto la víctima como el presunto agresor son niños. El debate deja de centrarse únicamente en la sanción penal y se traslada a la capacidad del Estado para garantizar la protección inmediata de la víctima, evitar su revictimización, intervenir con el menor que ejerció la conducta y ofrecer una respuesta institucional que no concluya con un expediente sin consecuencias para ninguna de las partes.

Sobrevivir al delito. La vida después de la violencia.

Pero el delito tiene muchos rostros, no solo el de la justicia o el derecho. También deja una huella casi imborrable en las víctimas y las familias que sobreviven, que viven con el estigma social y hasta una culpa que no les pertenece.

La vida de la familia, en cambio, cambió desde marzo.

Entre lágrimas y con las manos cerradas, las venas marcadas por la tensión, Estefanía formula una pregunta que, asegura, ninguna autoridad le ha respondido.

"¿Por qué somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra vida?"

Su hijo está por cumplir siete años. Aún no puede nombrar lo que ocurrió dentro de su escuela, pero reconoce el miedo que le dejaron esos hechos. Vive con incertidumbre, desconfía de las instituciones y enfrenta las consecuencias de una agresión que alcanzó su intimidad cuando apenas iniciaba la educación primaria.

El delito también modificó la rutina de toda la familia.

El padre redujo actividades laborales para permanecer más tiempo con su hijo y brindar acompañamiento a Estefanía. La decisión implicó reorganizar la economía familiar, mientras la atención se concentró en recuperar la tranquilidad del menor.

La familia decidió cambiar al niño de escuela. No porque hubiera cometido una falta, sino porque buscó ofrecerle un entorno distinto para continuar con su desarrollo y que no conviva más con el agresor, que sigue en la escuela. No fue dado de baja.

Las actividades cotidianas también desaparecieron. Las salidas comunitarias dieron paso a espacios privados, bajo la supervisión permanente de sus padres y familia. La confianza dejó de ser una condición natural para convertirse en una medida de protección.

A ese proceso se suma una carga que Estefanía considera imposible de explicar.

"Lo cambiamos de escuela, como si él hubiera hecho algo malo."

La madre sostiene que el mayor desafío comenzó después de presentar la denuncia. No fue únicamente enfrentar un procedimiento institucional, sino reconstruir la vida de un niño que, sin comprender el alcance jurídico del caso, aprendió que una agresión puede modificar su infancia.

Su pregunta permanece abierta.

¿Por qué son las víctimas quienes tienen que abandonar su escuela, cambiar sus rutinas, dejar actividades, vivir con miedo y cargar con el estigma, mientras ellas intentan sobrevivir al delito?

Para Estefanía, el expediente terminó con una resolución de inimputabilidad. Para su familia, el caso continúa todos los días, en cada decisión, en cada salida y en cada esfuerzo por devolverle a un niño la seguridad que perdió dentro del lugar donde debía sentirse protegido.