Morelia, Michoacán.- Organizaciones humanistas defensoras de los derechos humanos solicitaron al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Raymundo Arreola, formular un exhorto al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender el caso de encarcelamiento de José Manuel Mireles Valverde, exlíder de los autodefensas de Michoacán.

Este llamado es para que José Luis González Pérez designe a visitadores investigar los abusos y violaciones a las garantías individuales cometidos por parte de las autoridades policiacas y militares dentro de la averiguación previa penal, “mientras aconteció la detención arbitraria del doctor José Manuel Mireles”.

Con ello, pretenden que se actúe de manera proactiva en esta búsqueda y se concluya a la brevedad un dictamen que derive a la verdad histórica y dé cabida a los señalamientos de responsabilidades cometidas y sus ejecutoras y se obtenga la libertad del inculpado, en caso de que se reúnan las pruebas requeridas.

Para llegar a esto se toma como base un informe de la CNDH denominado ‘Informe Especial sobre las autodefensas en Michoacán y las violaciones a derechos humanos relacionadas con el conflicto’ en el que, de acuerdo con los expositores, el Estado mexicano hace un reconocimiento tácito de la existencia de un conflicto y sus consecuencias, además de prever la búsqueda de soluciones de la mano de las instituciones correspondientes.

Lo anterior se expone en un documento enviado al Congreso y el cual fue recibido el pasado viernes 29 de enero en el que se detallan lo que consideran violaciones a los derechos humanos, como el hecho de que en la escenificación del arresto de Mireles, “ordenada por Alfredo Castillo Cervantes o autoridad no definida según versiones del propio Castillo Cervantes, violó la presunción de inocencia y se le convirtió así en el presunto culpable”.

Entre otras violaciones se destaca que la primera declaración de Mireles se obtuvo bajo tortura el día que fue detenido y trasladado vía aérea de Lázaro Cárdenas a Morelia, pues señalan que en el trayecto que duró más de cuatro horas este sufrió de hostigamientos.

En otras más refieren que “el montaje ordenado por Alfredo Castillo Cervantes expuso a José Manuel Mireles por parte de la autoridad y de los medios de comunicación como responsable indubitable de los delitos de portación de armas de fuego y drogas. Tuvo un efecto corruptor en todo proceso y vició toda la evidencia incriminatoria”.

Como estos, detallan en total 20 argumentos que violentaron los derechos que se dieron alrededor del proceso de detención e investigación del exlíder de las autodefensas y por lo cual piden que el Congreso y el mandatario estatal se pronuncien para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos indague el hecho y pueda lograrse en próximas semanas, finalmente, la libertad de Mireles.

Este documento lo signan de común acuerdo diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Congreso Nacional Ciudadano; Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos AC; Unidos por Michoacán USA, y Democracia Constitucional APN.

Todas, con copia para el mandatario Silvano Aureoles Conejo, el Nuncio Apostólico en México, Christophe Pierre, el Cardenal Alberto Suárez Inda, y hasta el Papa Francisco y la Santa Sede, con la esperanza de que tenga eco y se logre algo positivo.