Pide CNDH garantizar la protección de defensores de derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo de 2016.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó hoy la Recomendación General número 25 Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, ante el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a derechos humanos de quienes integran este grupo en situación de riesgo.

Según un comunicado, las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la protección de los derechos fundamentales tanto a nivel local como internacional, ayudando a construir el sistema democrático de nuestro país; no obstante, las agresiones que sufren van desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el solo hecho de realizar su actividad.

En dicho documento, la CNDH dio cuenta de los agravios cometidos contra este grupo de población, así como de los robos y allanamientos contra las instalaciones de sus organizaciones, lo que aunado al incumplimiento de realizar investigaciones  efectivas tiene implicaciones graves que lesionan a la sociedad y propician la repetición de este tipo de agresiones.

Se hace hincapié en que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere  contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender la sensible problemática que implican las agresiones a los defensores de derechos humanos, ya que sólo de esta manera estarán en aptitud de cumplir con su obligación de proteger y velar por el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas.

Cabe señalar que los defensores representan temas y grupos específicos de la población como es el caso de niñas, niños y adolescentes, comunidad LGBTTTI, pueblos indígenas, mujeres, personas migrantes, derechos sexuales y  reproductivos, libertad de expresión, entre otros, por lo que la afectación de las personas defensoras repercute directamente en el goce de los derechos de amplias capas de la población, lo que hace necesario y urgente que se garantice el ejercicio de su labor en condiciones de libertad y seguridad.

Esta Comisión Nacional observa con preocupación que el nivel de agresiones contra defensores civiles se ha incrementado en los últimos años, que dichas agresiones son atribuidas, frecuentemente, por acción o por omisión, a servidores públicos y que, no obstante lo anterior, las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia carecen de información sistematizada que permita identificar, de manera clara y precisa, el número real de agresiones y delitos vinculados a su actividad.

De los registros con que cuenta el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, así como de la información proporcionada por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia, se advierte que los Estados de Chihuahua (9), Guerrero (6) y Oaxaca (4) ocupan los primeros lugares en homicidios de personas defensoras asesinadas entre enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.

El número de quejas radicadas en el Programa de Agravios indica que en 2006 se recibieron 18; en 2007, 14; en 2008, 15; 2009, 18; 2010, 48; 2011, 59; 2012, 52; 2013, 55; 2014, 45, y 2015, 56, lo que da cuenta del incremento en el número de quejas por presuntas agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos.

Ante ello, este Organismo Nacional subraya que es necesaria la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia, con el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras, mediante la identificación, atención, sanción y prevención de estos delitos en función del contexto sociopolítico que las víctimas enfrentan como consecuencia de su labor, de tal manera que el Estado asegure el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos de todo individuo.

Esta Recomendación General está dirigida a la Procuradora General de la República, a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Nacional de Seguridad, Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretarios de Seguridad Pública, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de las entidades federativas, Presidentes Municipales, Jefes Delegacionales y titulares de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.

La Recomendación General 25 fue aprobada por el Consejo Consultivo de la CNDH en sesión ordinaria, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito de que se promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos y, también, para que las autoridades competentes, de acuerdo con sus atribuciones, generen e implementen políticas públicas para eliminar tales violaciones y subsanar las irregularidades correspondientes.

Por lo anterior, este Organismo Nacional dirige puntos recomendatorios a diversas autoridades donde, de acuerdo con las atribuciones de cada instancia, se solicita realizar una campaña pública sobre el reconocimiento y no estigmatización del trabajo de personas defensoras de derechos humanos, y para respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades; atender pronta y eficazmente las solicitudes de medidas cautelares dictadas por los organismos de protección de los derechos humanos en favor de las personas defensoras.

Asimismo, emitir una circular dirigida a los servidores públicos para que respeten los derechos de integrantes de este grupo y abstenerse de hacer declaraciones que los estigmaticen; impulsar la aprobación de leyes que prevean la creación de organismos locales tendentes a la protección de personas defensoras de derechos humanos.

Igualmente, que se capacite a los servidores públicos sobre el quehacer de este grupo; generar y priorizar políticas públicas de prevención de la violencia hacia defensores de derechos humanos; instruir a los servidores públicos para que les permitan el desarrollo de sus actividades; desarrollar y aplicar protocolos especiales en que se considere la vulnerabilidad, situación de riesgo y contexto vinculado a su labor, y se practiquen diligencias tendentes a lograr la integración y determinación, conforme a derecho, de las averiguaciones previas en la materia.

De igual manera, instituir fiscalías o unidades especializadas en la persecución de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, además de garantizar los recursos humanos y financieros para que la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dé cabal cumplimiento a sus atribuciones, entre otros.