Omiso, el gobierno estatal en violencia contra mujeres; los padres

MORELIA, Mich., 31 de mayo de 2013.- Retomar la cotidianeidad de la vida, sin miedo y sin rencor, después de perder a una hija, víctima de la violencia extrema, es de lo más doloroso que puede haber para los padres, por no saber quién y por qué la mataron y, como no confían en que las autoridades esclarezcan los crímenes, le dejan a Dios el castigo a los asesinos.

Las estadísticas y la discusión legislativa no son del interés de las víctimas secundarias de los homicidios de mujeres, y menos cuando de los padres se trata; están derrotados de antemano,  la conciencia de que no habrá justicia es clara.

Es el caso de la madre de una mujer asesinada mientras trabajaba en su estética, a principios de este mes, quien quedó en el desamparo aunque le reconforta que todavía le queden sus hermanos.

Su hija era lo único que tenía y no entiende por qué se la quitaron, a pesar de que ha vivido la inseguridad de la zona donde ocurrió el crimen, única explicación para que  la tienda de abarrotes que atiende esté totalmente enrejada  para protección de ella y de la mercancía.

Aunque la tienda está junto a la estética que permanece cerrada, ésta no tenía protección alguna, sólo un cancel que estaba abierto, lo que facilitó el acceso de los asesinos, tres, según testigos, que a pesar de ir armados con pistolas, golpearon y ahorcaron a su víctima.

A su madre no le interesa saber por qué o quienes mataron a su hija y así se lo dijo a la policía, pues está convencida de que el crimen no será aclarado; tampoco quiere ayuda psicológica para superar el shock en el que está, sólo quiere que la dejen vivir su duelo, suplica al estallar en llanto, anulando la posibilidad de pedir permiso para una entrevista formal.

“Se lo dejo a Dios, él hará que los asesinos paguen su crimen. El que a hierro mata a hierro muere. La  policía no hará nada, no investiga, no previene, no vigila, a pesar de que pagamos impuestos. Póngase en mis zapatos”, pidió a la reportera entre reclamo y ruego.

Una situación similar viven los padres de una joven, de apenas 23 años, asesinada a cuchilladas y su cuerpo abandonado en la Planta de Tirio, abajo del lago de Umécuaro, el cual fue localizado el último día de febrero de este año.

Ella trabajaba como asesora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado y, por lo tanto, gozaba de algunos beneficios, como un seguro de vida,  a los que tienen derecho sus familiares. Pero ellos no quieren ni oír el nombre de Morelia, la ciudad a la que su chicuela vino a estudiar y donde se quedó a vivir porque encontró un buen trabajo recién salida de la escuela, por su capacidad y simpatía.

El diputado con el que trabajaba directamente  dice que ya ni quiere ir a su distrito porque se encuentra a la madre de la joven que, cuando lo ve, suelta el llanto. Además, está muy enojada porque no hay avance alguno en las investigaciones, a pesar de que el padre de la joven se entrevistó con el procurador y le dio muchas pistas.

Ese asesinato obligó al gobernador elegido en urnas, Fausto Vallejo Figueroa, a ordenar  al procurador una especial atención a los homicidios cometidos contra militantes del Partido Acción Nacional (PAN), ya que varios han sido asesinados en el transcurso del año. Pero, a pesar del mandato, esos homicidios, ni el resto, han sido aclarados.

La impunidad en Michoacán, como en todo el país, ronda el 98 por ciento en lo general. La estadística carece de los desagregados por delito, por sexo o por edad,  lo que  hace imposible determinar cuántos asesinatos de mujeres están impunes.

Los únicos datos disponibles, datan de 2009, cuando la Secretaría de la Mujer financió un estudio cualitativo sobre mil 289 expedientes obtenidos en las seis subprocuradurías regionales de justicia en las ciudades seleccionadas: Zitácuaro, Morelia, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, para determinar el número y características de homicidios dolosos y culposos que se han cometido contra las mujeres en Michoacán.

A principios de este siglo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  registró el  asesinato de 50 mujeres, pero entonces no se dispuso de la clasificación de dolosos y culposos.

Solo diez años después la cifra aumentó a 89 y el año pasado llegó a los 117 homicidios culposos de mujeres  de los cuales fueron clasificados sencillamente como tales 22, como homicidios dolosos con arma de fuego 38, homicidio doloso con arma blanca 11 y como homicidio calificado 46.

De  acuerdo con los expedientes de la PGJE, durante la última década del Siglo XX  ocurrieron mil 443 muertes de mujeres, de las cuales únicamente 136 fueron clasificados como homicidios dolosos, por muerte accidental 90, por suicidio 78, además de  470 casos que quedaron pendientes de verificar porque la causa la muerte no era clara. Por homicidio culposo fueron 476 y por enfermedad o muerte natural 193.

De los homicidios dolosos 62 fueron cometidos  por personas desconocidas, 23 por conocidos, 35 por violencia familiar y 16 por motivos pasionales. De esos casos, 38 averiguaciones previas fueron consignadas con detenido, 33 sin detenido, 58 fueron suspendidas, cinco fueron remitidos al juez de la causa especializado, uno se archivó y en uno más se declaró incompetencia.

Debido a que el feminicidio no está tipificado en el Código Penal, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) no se tiene la estadística de cuántas de las averiguaciones consignadas causaron sentencia y se ejecutó la pena.