MORELIA, Mich., 9 de octubre de 2015.- “Desde el inicio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto, no ha escatimado esfuerzos para brindar seguridad a las y los mexicanos que han visto vulnerada su tranquilidad”, destacó este viernes la procuradora General de la República, Arely Gómez.

Durante la inauguración de la Segunda Sesión Ordinaria Zona Occidente de la Conferencia de Procuración de Justicia, la funcionaria federal destacó que se ha implementado una estrategia nacional para reducir la violencia, a través de una eficaz coordinación entre órdenes de gobierno, a fin de combatir la impunidad y hacer prevalecer la justicia, la paz y el Estado de Derecho en México.

En la reunión, dio la bienvenida de nueva cuenta al procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy, quien nuevamente se incorporó a este órgano colegiado y comentó que se han hecho esfuerzos muy importantes para garantizar la igualdad, el acceso a la justicia y el respeto a la vida y a la integridad física y patrimonial de las y los mexicanos, como la creación de la Unidad de Género de la Procuraduría General de la República.

También, se han organizado consultas públicas sobre el Proyecto de Iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y he dado enorme impulso a la implementación del Sistema Penal Acusatorio, entre otros proyectos.

Sin embargo, la lucha contra el delito no es la causa exclusiva de una instancia u orden de gobierno. Es una tarea que reclama la participación de todos los niveles y órdenes de gobierno para trazar estrategias comunes y diseñar acciones conjuntas.

Reconozco en las y los fiscales y procuradores de todas las entidades federativas del país que integran la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a aliados estratégicos en ese diseño de un sistema de procuración de justicia más cercano a la sociedad.

Muestra de ello es que durante los últimos dos años, hemos aprobado más de 10 protocolos que permiten homologar a nivel nacional los procedimientos de investigación y persecución de delitos que lastiman profundamente a la sociedad.