MORELIA, Mich., 24 de abril de 2016.- Un componente clave de la violencia feminicida lo constituye la violencia sexual, pero solamente una de cada cinco denuncias por violación llega a una sentencia condenatoria, según el informe La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014.
En el apartado denominado La violación: un acercamiento a la impunidad, se indica que se seleccionó la violación como delito que permite analizar la cadena de justicia y el análisis se realizó con base en las denuncias que en el país se presentaron por violación ante el Ministerio Público, entre 1997 y 2014 y el comparativo de presuntos delincuentes sujetos a proceso y con sentencias condenatorias entre 1997-2012.
Se encontró que los registros de procuración e impartición de justicia omiten información fundamental sobre la víctima, como ocurre con la denuncias de violación que, lamentablemente, no son desagregadas por sexo. Sin embargo, se señala que se puede suponer que en la gran mayoría de las violaciones la víctima es una mujer.
El panorama que presenta se califica como desolador en el que el número de denuncias de violación tiene niveles inaceptablemente altos:
“Se trata de casi 15 mil denuncias de violaciones al año, y eso sin considerar la llamada ‘cifra negra’; es decir, de aquellas violaciones que no son denunciadas. En este sentido, un número creciente de denuncias es un indicador positivo.
Se indica que resulta inaceptable la distancia entre los sujetos a proceso por el delito de violación y los delincuentes que recibieron una sentencia condenatoria por el mismo delito.
“Mientras las denuncias crecen, los sujetos a proceso, es decir, las averiguaciones previas que culminaron con la detención de un presunto responsable y su consignación ante el Poder Judicial, apenas han llegado a cuatro mil –menos de un tercio en todo el periodo, pero tan sólo una quinta parte desde 2008–; y lo que es peor, después del máximo registrado ese año, la tendencia es a la baja, y en el 2012 solo se tiene la mitad de los sujetos a proceso que había ocho años antes”.
Las cifras provenientes del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal no son directamente comparables, pues se refieren al año en que se da el proceso, no al de ocurrencia del delito.
La situación resulta aún más grave al considerar las sentencias condenatorias, pues mientras que de 1997 a 2004 éstas representaban casi 80% de los sujetos a proceso, esta razón no alcanza la mitad en los últimos cuatro años (2009-2012) y para 2012 –el último disponible en las Estadísticas Judiciales en Materia Penal– es de sólo 15.4%.
La diferencia que se observa entre las denuncias y las sentencias es la expresión más gráfica de la impunidad, de la forma en que las mujeres además de no tener garantizada una vida libre de este tipo de violencia, tampoco tienen acceso a la justicia ni a la reparación del daño.
Esto evidencia que los sistemas de procuración e impartición de justicia requieren cambios importantes que atiendan este grave problema, concluye el estudio elaborado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.