Harán públicos los documentos que autorizaron a civiles portar armas

MORELIA, Mich., 3 de marzo de 2016.- Luego de que el Senado de la República demandara que el gobierno le aclare los acuerdos sostenidos entre el ex Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral del Michoacán, Alfredo Castillo y los autodefensas, el defensor de José Manuel Mireles Valverde, Ignacio Mendoza, anunció que hará públicos dichos documentos en los que se establecen los convenios que permitieron a civiles la portación de armas de uso exclusivo del ejército para realizar acciones conjuntas con el ejército y fuerzas federales en la lucha contra el Cártel de Los Caballeros Templarios.

Ignacio Mendoza, asimismo, confió en que el ex Comandante de los Grupos de Autodefensa, actualmente preso en el Cefereso número 11 con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora, bajo los cargos de violar la Ley Federal de Armas de Fuego de uso exclusivo del ejército mexicano, abandone la prisión una vez que el juez verifique que los gobiernos federal y estatal comprueben la solidez de las pruebas presentadas en dichos documentos.

De acuerdo a ellos, en los que se establecieron siete puntos de acuerdo, el tercero indica que: “Los autodefensas se obligan a registrar las armas que actualmente poseen y operan ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o, en su caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, se comprometen a dotar las herramientas necesarias para la comunicación, traslado y operación”.

Ignacio Mendoza acusó a Alfredo Castillo de haber registrado ocho mil armas de fuego en la región de Tierra Caliente, como parte de la estrategia para contrarrestar a los grupos criminales.

En el proceso de la defensa, también anunció la posibilidad de que el expediente de José Manuel Mireles Valverde sea llevado ante alguna Corte Penal Internacional para que desde el exterior se emita una resolución en torno a la detención del emblemático líder armado, a quien se le ubica como un preso político del gobierno de Enrique Peña Nieto.