Fabiola ya va a cumplir dos años tocando puertas

MORELIA, Mich., 6 de enero de 2016.-Fabiola ya va a cumplir dos años tocando puertas, acosando gobernadores, apelando a diputados, buscando funcionarios.

Nadie le da respuesta.

Es una de las viudas de la violencia, pero paradójicamente, de la violencia institucional, la de adentro.

El 17 de abril de 2014, su esposo, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, cayó en el cumplimiento del deber.

Lo más lamentable: fue abatido por sus propios compañeros, pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales.

Según recuerda, ese día el C4 recibió una llamada de vecinos de la Central de Abastos.

Ahí escandalizaban cuatro sujetos. Eran policías. Estaban francos, pero irresponsablemente portaban las armas de cargo, denuncia.

Fabiola relata que su esposo, Guillermo Cruz, de 44 años en ese entonces, acudió al llamado. Los elementos, alcoholizados hicieron caso omiso al llamado, lo recibieron a tiros.

“El murió de un balazo en el brazo. No era de gravedad, pero murió desagrado. No se le prestó la atención oportuna”, reclama.

El policía dejó la orfandad a dos hijos, varones ambos: uno de 14, que cursa la secundaria y un pequeño de 6 años, recién ingresado a la primaria.

La viuda, con justa razón, reclama el pago del seguro de vida. Nada envidiable. Apenas 360 mil pesos por diez años de servicio, pero necesarios, oxígeno puro para la manutención familiar.

Tampoco le cubrieron los gastos funerarios.

¿Y que hace para sobrevivir? ¿Para pagar comida y educación de los hijos?, se le pregunta.

“De milagro. Picando aquí, picado allá. De pedir apoyo a mis familiares. No hay de otra. No tengo trabajo. Y es difícil para una mujer de mi edad y en mi condición”.

Fabiola revela que en su momento fue atendida por Fausto Vallejo Figueroa. Comprometido a apoyarla, Don F salió del cargo a los dos meses. Ya no se pudo hacer nada.

También fue atendida por el exdiputado priísta, Eduardo Orihuela, pero no se pudo concretar el apoyo.

La viuda demanda el pago de ambos rubros. También pide que le sea asignada la plaza que dejo su esposo.

Sostiene que dicha plaza no se le negado, pero la condicionan a que sea de policía.

“¿Cree que así como está la inseguridad, voy aceptar ser policía? Nunca he disparado un arma, a pesar de haber sido esposa de un policía”.

¿Y entonces…que quiere?

“Que se revise si me pueden asignar una plaza de intendente. Algo que me permita atender a mis hijos. Que no ponga en riesgo mi integridad física. ¡Imaginase que me metan un balazo al igual que a mi marido! ¿qué va a ser de mis hijos?”.

Aunque no se habla de cifras oficiales, existen unas 150 viudas y esposa de policías despedidos injustamente.

Es la otra cara de la moneda.

“Tengo entendido que salió una lista de 50 mujeres, compañeras que se encuentran en una situación similar, y que ya les van a pagar. Pero yo no aparezco en esa lista”, lamenta.

¿Y qué le han dicho del pago..?

“Que no hay recurso. Sólo eso: no hay recurso”, asevera con la voz entrecortada.

Fabiola Martínez acusa que el tema no es sólo económico, también de impunidad.

Dice que los responsables eran escoltas de Carlos Hugo Castellanos, el ex titular de la SSP en tiempos de Alfredo Castillo.

“Le grite: ¡asesino! Sólo así me escuchó”.

El ahora funcionario la atendió durante un evento en Palacio Legislativo. Ahí estableció compromisos nunca cumplidos.

Asegura que el juez de la causa exoneró a dos de los implicados. Dos más fueron procesados. Pero salieron. Uno de ellos ya falleció.

A ese la cargaron “el muerto” y punto final. Caso resuelto.

Ahora, la viuda advierte acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Desee ahí restablecerá sus justas demandas.

Desde ahí, tratará que el gobierno de Silvano Aureoles, le haga caso y justicia.

“Tocará todas las puertas que sean necesarias”, concluye.