Centralización de la seguridad pública es una mala idea: Gil Zuarth

MORELIA, Mich., 11 de noviembre de 2015.- La centralización de las funciones de seguridad se ha reducido a una distribución poco racional de las responsabilidades y deberes de los distintos órdenes de gobierno, consideró el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth.

Según un comunicado de prensa, durante su participación en la clausura del 4º Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías, realizado en el Castillo de Chapultepec, el senador destacó que se han federalizado las tareas de seguridad, lo que ha llevado a los gobiernos locales a dejar de invertir e innovar, entregando las llaves d ella seguridad a la federación y con ello abriendo la posibilidad de autoritarismos.

“La centralización absoluta es una mala idea: la posibilidad del riesgo catastrófico es mayor y la tentación a derivas autoritarias es latente”, alertó Gil Zuarth.

El problema crónico de nuestro país, agregó, es que las policías, todas, son bastante malas; el problema es que no hay un sistema central que pueda alentar la generación de capacidades.

Abundó en que en el país se necesitan cuerpos de policía fuertes y dignos, pero también líderes políticos que estén dispuestos a invertir, formarlas y confiar en ellas, porque es la única solución de largo plazo a los problemas de seguridad; “se necesita que los gobernadores y alcaldes asuman su responsabilidad, y no nada más sea un asunto del Presidente de la República”, comentó.

El senador Gil Zuarth subrayó que la centralización absoluta del mando de seguridad es una muy mala idea, porque “la posibilidad del riesgo catastrófico es mayor y la tentación a derivas autoritarias es latente”; dijo que la descentralización de la función de seguridad pública es una constante en el mundo, porque se han dado cuenta de que cuando se rompe el vínculo entre el ciudadano y el policía, se pierde la capacidad del policía de responder de manera eficiente.

“Es mejor camino, a mi juicio, reformar nuestro federalismo y el sistema de concurrencia; para que ningún gobierno evada su responsabilidad; se necesitan incentivos y consecuencias, de lo contrario, seguiremos dependiendo del entendimiento que cada autoridad política tenga sobre la necesidad y la urgencia de actuar en seguridad, o bien, de la voluntad política”, enfatizó.

En México, se ha diluido gradualmente la responsabilidad política de las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad; las autoridades locales han dejado de invertir e innovar, y en muchos casos, prácticamente ha entregado las llaves de la seguridad a la Federación, dijo.

En ese sentido, comentó que no conoce a ninguna autoridad política que le tema al Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque no es amenaza, “no es látigo para actuar, corregir o mejorar; ya que desde su origen funciona de manera consensual. Los propios responsables de la seguridad, son los mismos que fijan las metas, dictan las políticas públicas, se evalúan y se vigilan”, explicó el senador Roberto Gil.

El presidente de la Mesa Directiva participó también en el panel de discusión “Reingeniería de las policías y el sistema nacional de seguridad pública”, donde expusieron sus ideas los senadores Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos.

El senador Alejandro Encinas dijo que no se debe centralizar totalmente el mando de los cuerpos de seguridad, porque se prestaría a la utilización de las instituciones públicas para dirimir hasta conflictos políticos entre distintos órdenes de gobierno o entre autoridades.

Además, dijo que el gobierno federal parte del supuesto de que la fuente principal del problema de seguridad son las policías municipales, cuando más de 80 por ciento de los municipios no tiene policía o son policías comunitarias derivadas de los municipios de usos y costumbres, o tienen menos de cinco elementos.

El senador Omar Fayad subrayó que 68.3 por ciento de los policías municipales sólo cuentan con educación básica; 1.9 son analfabetas; 25 por ciento cuenta con educación media; y 4.5 por ciento con educación superior; “¿lo que queremos en el país son fuerzas de seguridad pública que ni siquiera tengan la educación primaria, y a ellos les vamos a tratar de capacitar y enseñarles el concepto de Estado?”, dijo.

Explicó que 8 de cada 10 personas creen que los policías de tránsito son corruptos; 66 por ciento opina lo mismo de la policía municipal; 64 por ciento cree los mismo del ministerio público; y 32 por ciento que la policía estatal y judicial es corrupta; y 53 por ciento piensa lo mismo de la federal. “Hoy la palabra policía equivale a corrupción”, dijo.

María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común, comentó que si los gobernadores y políticos no tienen incentivos mejores o diferentes, las cosas no van a cambiar en los estados. Señaló que se deben cambiar las políticas, desde la ciudadanía.

“Los ciudadanos siempre estaremos para apoyar las buenas propuestas, los cambios y apoyar para que las cosas cambien”, señaló la presidenta de la asociación civil.