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MORELIA, Mich., 4 de abril de 2012.- El Seminario Introductorio Itinerante sobre la reforma Constitucional en Derechos Humanos celebrado en Puebla los días 30 y 31 de marzo, resultó provechoso y en él se pudieron obtener conocimientos y un importante intercambio de opiniones con los conferencistas, comentó el magistrado de la cuarta sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, luego de asistir con una importante delegación de jueces y magistrados de la entidad a este evento organizado por la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia (CONATRIB), el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Magaña de la Mora expresó que el seminario fue rico para precisar algunos precedentes establecidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los deben hoy ser aplicados en las resoluciones emitidas por la judicatura nacional bajo los criterios de convencionalidad, lo que quiere decir, dijo, “que no solamente los jueces y magistrados debemos tener a la mano los códigos penales y de procedimientos penales para dictar una sentencia, sino además se deben tomar en cuenta los convenios internacionales que México ha suscrito y que resultan vinculantes en materia de derechos humanos”. El magistrado de la cuarta sala penal enfatizó que hoy en México, es determinante que el Poder Judicial se encuentre en consonancia con la aplicación de todos y cada uno de los criterios internacionales a fin de evitar que el Estado Mexicano sea sancionado en cortes internacionales por no cumplir con el irrestricto respeto a los derechos humanos y éstos, añadió, deben ser respetados por particulares y, con mayor razón, por las instituciones del Estado Mexicano en cualquiera de sus niveles. Por su parte, la jueza quinto familiar, María de los Ángeles Ornelas Manríquez, quien también asistió al seminario, señaló que es fundamental que los juzgadores michoacanos se capaciten para que los ciudadanos tengan más certidumbre, protección jurídica y mayor confianza en la Justicia. Explicó que los juzgadores asistentes lograron comprender con mayor claridad la expansión de su campo de acción mediante la aplicación de convenciones y tratados internacionales, buscando la compatibilidad de la norma y su aplicación aún cuando no la hubiera, porque “si la norma no es compatible eso no nos exonera de su aplicación”. Dejó en claro el impacto que tiene la aplicación de la reforma al artículo primero constitucional en materia de Derechos Humanos. “Significa”, dijo, “que si nuestra Constitución coloca a los tratados y a la Carta Magna en el mismo rango, debemos atender al que más favorezca la tutela del Derecho Humano del que se trate, con base en el principio pro persona, que no es más que la tutela del ser humano frente a cualquier normativa. Esto nos obliga a introducirnos en el campo del derecho internacional vía los tratados que ha signado México como Estado y cuya observancia es obligatoria”. Reconoció que el tránsito para la aplicación de esta reforma implica desafíos para los juzgadores, en virtud de que requieren instrumentar una serie de elementos de apoyo, como lo son el conocimiento de los tratados internacionales; el manejo de principios de disciplinas diversas, como la psicología; el trabajo con otras dependencias, a las que los jueces solicitan información, ya que de lo contrario el flujo de la información se da a cuenta gotas, lo que repercute en la dilación de la resolución de los asuntos. Finalmente, Ornelas Manríquez estimó conveniente continuar con la capacitación de los operadores jurídicos en Michoacán, ya que ello implica tener la oportunidad de aprender e intercambiar experiencias, “esto nos permite también un comparativo con otras legislaciones, lo cual fue una dinámica incluida en el seminario taller realizado en Puebla”.