CJF, a la vanguardia en políticas anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de mayo de 2016.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue evaluada como una de las seis instituciones del Estado mexicano en alcanzar altos estándares de diseño y aplicación de políticas y programas públicos para enfrentar la corrupción.

Según un comunicado, el Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evaluó a 290 instituciones que integran a los Poderes de la Unión, a saber, 275 del Ejecutivo, dos del Legislativo, tres del Judicial y 10 órganos constitucionales autónomos, todas del ámbito federal.

Los resultados obtenidos confirman el compromiso impulsado por el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de este cuerpo colegiado, de continuar fortaleciendo las políticas de integridad institucional en toda la judicatura federal, teniendo como referente los más altos estándares internacionales en materia de transparencia, rendición de cuentas y mejora continua de gestión.

El estudio subraya, asimismo, el respaldo ético que proporcionan los consejeros del CJF a las acciones estratégicas de combate a la corrupción institucional, ya que ello permea en la operación de los procesos sustantivos y adjetivos de la judicatura federal, al tiempo que la conducta de los servidores públicos tiende a alinearse al comportamiento que observan de los altos mandos.

“La conducta proba y profesional de los titulares y mandos superiores promueve la honestidad, integridad, transparencia, imparcialidad, competencia, desempeño y cumplimiento del mandato de la institución, es decir, promueve activamente la cultura de la legalidad y rendición de cuentas”, destaca la ASF.

Puntualiza que para promover la integridad, una condición indispensable, es que los líderes de toda organización sean congruentes con los valores éticos institucionales, lo cual significa promover mediante acciones específicas y su propia conducta, un entorno de integridad adecuado.

De acuerdo con la metodología reportada por la entidad fiscalizadora, el estudio se llevó a cabo en tres fases durante el segundo semestre de 2015, en las que el CJF aportó evidencias contundentes de las acciones emprendidas por la actual administración judicial para blindar a la justicia federal del problema de la corrupción.

Así como para mantener el liderazgo en materia de capacitación, integridad, autoevaluación, mejora continua de gestión, además del establecimiento e identificación de sistemas y controles en concordancia con los riesgos identificados.

En el CJF se aprecian acciones articuladas en una estrategia para enfrentar la corrupción, así como una razonable administración de los riesgos frente a la misma, reporta la entidad fiscalizadora.

“Al respecto, la ASF reconoce el esfuerzo, las acciones, y los controles implementados por la institución para enfrentar la corrupción, lo cual se traduce en el fortalecimiento de la cultura de integridad y del proceso general de administración de riesgos, incluidos los de corrupción”, señala el informe.

Entre las recomendaciones al CJF están el continuar con las acciones de supervisión y mejora continuas, con el propósito de mantener actualizados los controles anticorrupción en términos de eficacia y eficiencia.

En cada una de las fases, servidores  públicos de este cuerpo colegiado respondieron los 10 apartados en los que se agruparon diversas preguntas del Cuestionario Integridad.

La primera fase que se desarrolló entre junio y agosto, consistió en una autoevaluación; la segunda fase tuvo lugar en septiembre e incluyó el análisis preliminar de la ASF; y la tercera fase, se desahogó en octubre con la presentación del Diagnóstico Informe de la entidad fiscalizadora.

Los 10 indicadores revisados son: 1)Tono o respaldo ético de los mandos superiores, 2) Establecimiento de un programa o política de integridad / anticorrupción, 3) Capacitación en materia de integridad y corrupción, 4) Descripciones, perfiles y evaluaciones de puestos / selección de personal, 5) Línea de denuncias éticas, 6) Administración de riesgos de corrupción, 7) Supervisión al proceso de administración de riesgos de corrupción, 8) Controles específicos para procesos susceptibles a la corrupción, 9) Talleres de autoevaluación de riesgos de corrupción, y 10) Servidor público responsable o Unidad Administrativa.