Aumentaron feminicidios 40% desde 2000 en territorios militarizados

MORELIA, Mich., 29 de diciembre de 2013.- El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), planteó exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, a elaborar un diagnóstico de los últimos años en materia de derechos humanos.

Con base en este análisis, dijo, se deben implementar acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas.

Denunció que en el país continúan impunes las violaciones graves de militares y policías a los derechos humanos; no se ha definido una estrategia de seguridad para reducir la violencia y tampoco se ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni se ha creado un registro nacional de restos humanos.

Muñoz Soria comentó que en un encuentro convocado por la Casa de los Derechos de Periodistas, más de 150 trabajadores de medios de 26 estados del país y expertos concluyeron que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Segob incumplen con el mandato de ley que tienen en la investigación de agresiones y protección a comunicadores.

Tal situación, añadió, impide erradicar la impunidad, a pesar de que han sido asesinados al menos 84 periodistas en el país del año 2000 a junio de 2013, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Mencionó, por otra parte, el informe elaborado por las Premio Nobel de la Paz Jody Williams y Rigoberta Menchú, donde sostienen que en México los feminicidios han aumentado 40 por ciento desde 2006, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, la cual ha dejado más de 50 mil muertos, 250 mil desplazados y miles sometidos a desaparición forzada.

El reporte afirma que la incidencia de feminicidios, violencia sexual, violación y desaparición forzada, así como ataques y detención arbitraria de las mujeres y los defensores de los derechos humanos, han alcanzado “dimensiones de crisis”.

En otro documento, la Asociación por lo Justo (JASS), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan AC) y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, señala que la política de seguridad, lejos de dar resultados optimistas respecto al crimen organizado, ha dejado una estela de violaciones de los derechos humanos y una legitimación del uso de la violencia como forma prioritaria para resolver los graves problemas que enfrenta el país.

Un hallazgo fue que en los territorios militarizados se presentó un aumento en el número de feminicidios, igualmente se incrementaron los casos de violencia sexual por parte de cuerpos de seguridad y fuerzas castrenses, los cuales “quedan impunes por el fuero militar que poseen”, afirmó.

El diputado José Luis Muñoz relató que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó el desempeño de la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (UPDDH), debido a que incurrió en un subejercicio de más de 4 millones de pesos y no pudo acreditar el cumplimiento de los 33 tratados internacionales en la materia firmados por México.

Mencionó que el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de la Segob tampoco registró los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo federal para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012, ya que se cumplieron parcialmente.

Aseguró que en la actualidad no existe un diagnóstico de los últimos años; “atacar la problemática, requiere cifras exactas para disminuir los índices de violaciones a los derechos humanos”, indicó.