A la cárcel presunto violador de niña de 12 años

ZACAPU, Mich., 5 de abril.- El Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de una pareja por su presunta responsabilidad penal en el delito de corrupción de menores, cometido en agravio de su propia hija de doce años de edad, quien denunció que era obligada a robar y vender drogas por parte de su madre. 

Según un comunicado, además de la consignación penal en contra de los padres de la ofendida, también quedó a disposición de la autoridad judicial competente un amigo de ellos, ya que abusó sexualmente de la menor, según se desprende de las investigaciones efectuadas en torno al caso por la Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en Zamora.

De acuerdo a los antecedentes de los hechos, la menor huyó de su domicilio y buscó refugio con una vecina, en la localidad de Tacupo, del municipio de Coeneo, a la que comentó que su madre la obligaba a robar y vender droga, además de señalar que es adicta a sustancias tóxicas. Asimismo, dijo que días antes había sido violada por un amigo de sus padres, quien los alojó en el domicilio donde vivían.

Ante tal circunstancia, la vecina decidió ayudar a la menor y se trasladó con ella a las instalaciones de la PGJE en esta ciudad, donde se iniciaron las indagatorias para deslindar las responsabilidades penales a que hubiera lugar.

Al respecto, quedó acreditado el delito de violación y la presunta comisión en dicho ilícito de José Jesús G, “El Chuy”, de 50 años de edad, quien fue detenido por la Policía Ministerial y consignado ante el órgano jurisdiccional competente.

Por lo que respecta a los padres de la ofendida, Catalina G y José Aldo A, de 30 y 42 de edad, respectivamente, se encontraron elementos suficientes para demostrar su responsabilidad penal en el delito de corrupción de menores, por lo que también fueron requeridos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

En cuanto a la menor y una hermana suya de cinco años de edad, fueron resguardadas y canalizadas para su protección y albergue a las instalaciones del Sistema DIF del Estado, en virtud de encontrase en situación de vulnerabilidad y desamparo.