Prevén invasión a autonomía universitaria por reforma a servicio social

MORELIA, Mich., 12 de junio de 2026.- La reciente reforma aprobada por el Congreso de Michoacán para incorporar actividades de reforestación y campañas de promoción de la donación altruista de sangre al servicio social estudiantil podría ser inconstitucional por invadir competencias federales y vulnerar la autonomía de las instituciones de educación superior, advirtió el maestro en Derecho René Marroquín.

El especialista analizó el decreto que adiciona un párrafo al artículo 23 de la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán y concluyó que, aunque persigue fines socialmente deseables, presenta diversas inconsistencias jurídicas que podrían derivar en impugnaciones.

La reforma establece que escuelas, institutos, universidades y autoridades competentes deberán coordinar acciones para la prestación del servicio social en materia de reforestación. 

Asimismo, dispone la promoción de campañas de sensibilización sobre la imprortancia de la donación altruista de sangre y señala que la acreditación del servicio social estudiantil será regulada por el Instituto de la Juventud Michoacana.

Para René Marroquín, el principal problema radica en que la regulación del servicio social en educación superior corresponde a un marco jurídico nacional y a las propias instituciones educativas, particularmente aquellas que cuentan con autonomía constitucional o legal.

Explicó que la Ley General de Educación Superior reconoce a las universidades autónomas la facultad de gobernarse a sí mismas, definir sus planes y programas de estudio y establecer sus propios mecanismos académicos, entre ellos los relacionados con el servicio social.

"El Congreso local no puede imponer a las universidades autónomas la forma en que deben acreditar o regular el servicio social de sus estudiantes", sostuvo.

El jurista señaló además que la reforma atribuye facultades al Instituto de la Juventud Michoacana que no aparecen previstas en la legislación que regula a dicho organismo.

Indicó que el instituto es una entidad descentralizada adscrita al sector bienestar y orientada al diseño de políticas públicas para jóvenes, pero no una autoridad educativa facultada para normar procesos académicos o profesionales.

"Se le están otorgando funciones regulatorias que exceden su naturaleza jurídica y que corresponden a otras instancias", afirmó.

Marroquín también cuestionó que el decreto modifique de fondo el sentido del servicio social, el cual, de acuerdo con la legislación federal, debe estar vinculado a la formación profesional de los estudiantes y a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las aulas.

A su juicio, obligar o dirigir el servicio social hacia actividades específicas de reforestación o campañas de promoción de la donación de sangre podría romper ese vínculo académico en múltiples disciplinas.

Puso como ejemplo carreras como Derecho, Arquitectura, Contaduría o diversas ingenierías, cuyos programas de formación profesional no necesariamente guardan relación directa con esas actividades.

"Los fines ambientales y de salud pública son legítimos, pero eso no significa que puedan sustituir los objetivos académicos y profesionales que constitucionalmente tiene el servicio social", explicó.

El especialista agregó que el decreto tampoco distingue entre instituciones públicas, privadas y autónomas, lo que genera incertidumbre sobre el alcance real de las nuevas disposiciones y abre la puerta a posibles conflictos de interpretación.

La reforma fue dictaminada por la Comisión de Educación del Congreso del Estado bajo el argumento de fortalecer entre los estudiantes valores como la solidaridad, la responsabilidad social y el compromiso comunitario mediante acciones de beneficio colectivo.

Sin embargo, René Marroquín consideró que el objetivo pudo alcanzarse mediante mecanismos de promoción y coordinación institucional sin intervenir en ámbitos reservados a las universidades ni alterar la naturaleza jurídica del servicio social.

"Una cosa es fomentar la participación estudiantil en causas sociales y otra muy distinta asumir facultades regulatorias sobre instituciones que cuentan con autonomía o que se rigen por disposiciones federales", concluyó.

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla será quien tenga la última palabra, al vetar o no, dicha reforma, acorde a sus facultades como titular del Poder Ejecutivo.