MORELIA, Mich., 5 de octubre de 2016.- México se ubica en el primer lugar de acoso escolar en el mundo, el 50 por ciento del alumnado agrede a sus compañeros dentro y fuera de los planteles educativos, señaló la presidenta de la Comisión de Educación Xóchitl Gabriela Ruiz González, al presentar la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán de Ocampo.

Según información de un comunicado, en tribuna la priista, señaló que en Michoacán, durante el 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió un total de 148 quejas en contra de las autoridades y profesores de distintos centros educativos adscritos a la Secretaría de Educación en el Estado, la mayoría de ellas relacionadas con el acoso o violencia escolar.

“Tan sólo, del primero de enero al 23 de marzo del presente año, 31 niños y adolescentes presentaron su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de haber sido víctimas de maltrato físico o psicológico, por no haberles brindado seguridad en sus centros educativos o por haberles negado su derecho a la educación”, dijo.

Refirió que en los últimos meses se han suscitado diversos casos graves, que tienen cara, nombre y apellidos, del cual recordó la lamentable muerte del pequeño en Opopeo, aparentemente a causa de un acto de violencia escolar; así como el reciente caso de las dos niñas abusadas por un pasante en el Jardín de Niños “Víctor Hugo”.

“Señoras y señores, la violencia escolar en Michoacán va en aumento, 10 de cada 100 alumnos es víctima de bullying y es nuestra responsabilidad adecuar nuestras leyes para prevenirla y, en su caso, sancionarla”.

La legisladora priista destacó que se debe  proteger a los estudiantes de cualquier forma de violencia escolar, a fin de evitar todo tipo de acoso, hostigamiento o intimidación que afecte su integridad física, sexual y psicológica.

Asimismo, puntualizó que en la misma ley se establece que deben impulsarse acciones educativas y preventivas a fin de impedir que se cometan ilícitos en contra de los menores de edad o de las personas que no tengan la capacidad para resistir el hecho o comprender su significado y el perjuicio que ocasiona.

Expresó que existe un protocolo de intervención sobre violencia escolar, las instituciones educativas no lo aplican y los padres de familias lo desconocen, situación que impide tener un diagnóstico real de la violencia escolar en nuestra entidad.

Finalmente dejó en claro que con esta propuesta se busca fortalecer y dotar de recursos humanos y económicos necesarios a la autoridad educativa para que lleve a cabo las acciones comprendidas por la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en nuestro Estado.