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MORELIA, Mich., 17 de abril de 2026.- La pretendida denuncia contra la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, el Consejo Universitario, o quien resulte responsable por supuesto incumplimiento en informar detalles sobre relevo en la Rectoría, no es algo que se pueda consumar.
En entrevista para Quadratín el especialista en derecho, Jorge Álvarez Banderas, señaló que lo que anunció en días pasados el diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona, de buscar algún recurso legal contra la actual Rectora por no informar lineamientos para renovación del cargo, no tiene futuro.
Y es que señaló que según lo expuesto por el legislador, se pretende presentar una denuncia ante el Tribunal Anticorrupción y de lo cual, dijo, ya se encargaba el equipo jurídico del Congreso local, pero el especialista en derecho aseguró que ese órgano no tiene competencia para lo que se busca.
"El Código de Justicia Administrativa de Michoacán fue publicado en 2007, con el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, y estableció que este código tiene facultades para conocer de temas anticorrupción.
"Pero en relación al artículo segundo en su segundo párrafo dice que quedan excluidos de la aplicación de este código, entre otros, los actos y procedimientos administrativos relacionados con actos financieros, los actos de seguridad pública, la materia electoral, participación ciudadana y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ni otras instituciones de educación superior".
Por lo anterior, afirmó, la Casa de Hidalgo no puede ser objeto de investigación o sanción de parte del Tribunal Anticorrupción porque en sus lineamientos establece las excepciones, lo que deja de manifiesto el desconocimiento del diputado que promueve esta denuncia.
"Ese tribunal no puede conocer de nada relativo a la Universidad Michoacana, y el legislador habló ante un evidente desconocimiento, ignorancia normal, y una mala orientación que le dieron al diputado al decirle que fueran tras la Rectora por no haber dictaminado el reglamento y buscar una sanción.
"Pero no pueden porque el tribunal no es competente, y ya a partir de ahí se cae toda pretensión del señor legislador, ahí no es", afirmó el especialista.
Insistió en que el no cumplir con lo establecido en un artículo transitorio no se puede imponer alguna sanción como se informó esta semana por parte del diputado petista, por lo que refirió que no ve viable que prospere este recurso porque el apartado de lineamientos para renovar Rectoría están dentro de las atribuciones de la autonomía universitaria.
"Este es un tema interno de la Universidad, en la universidad tenemos una autonomía universitaria, los universitarios nos mandamos por nuestras propias reglas y si un universitario quiere reclamarle a la Rectora por no emitir el reglamento correspondiente, legítimamente lo puede hacer, pero no el diputado, este es un tema político", afirmó.




