Contesta Rectora a SFA: recepción de recursos extra dentro de la norma

MORELIA, Mich., 14 de enero de 2026.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, rechazó haber recibido recursos extraordinarios fuera del marco legal y defendió la administración financiera de la institución.

Entrevistada este miércoles en el Centro Cultural Universitario, previo a un encuentro con autoridades federales, precisó que los fondos entregados al cierre de 2025 estaban previamente convenidos y plenamente identificados, por lo que contradijo los señalamientos públicos sobre el manejo del presupuesto planteados por el titular de la Secretaría de Finanzas, Luis Navarro.

Ante medios de comunicación, la rectora explicó que el llamado presupuesto pleno sólo puede ejercerse dentro del año fiscal correspondiente y que cualquier ajuste recibido a finales del ejercicio deriva de revisiones contractuales y de incrementos salariales que no se conocen al momento de aprobarse el presupuesto inicial.

 Aclaró que dichos ajustes se formalizan cada año mediante un segundo anexo del convenio de colaboración entre los gobiernos federal y estatal, por lo que no constituyen apoyos extraordinarios.

Precisó que, en el caso de 2025, ese ajuste implicó una aportación cercana a los 61 millones de pesos por parte de la federación y 39 millones del gobierno estatal, recursos ya previstos en el convenio y sujetos a reglas de operación.

Subrayó que, de haberse tratado de un apoyo fuera de lo convenido, habría existido un instrumento jurídico distinto para su entrega.

La Rectora sostuvo que la puntualidad en el pago de 72 quincenas consecutivas y del aguinaldo completo, adelantado incluso antes de la fecha límite, es un indicador directo del manejo financiero, al tratarse de la mayor carga presupuestal de la Universidad. 

Añadió que los pagos de nómina están timbrados y permiten rastrear con precisión el destino de cada peso ejercido.

Indicó que, además de cubrir salarios, la Universidad ha asumido con ingresos propios obligaciones que no estaban contempladas originalmente, como aportaciones de depósito superiores a los 100 millones de pesos, el pago total de impuestos y la operación de nuevas unidades académicas, entre ellas la de Zamora, aun con el crecimiento de matrícula y de la planta docente.

En materia de fiscalización, recordó que la propia Universidad solicitó en 2023 una auditoría forense a la Auditoría Superior de la Federación, aplicada al ejercicio 2023, además de las auditorías estatales y federales ordinarias que se realizan de manera permanente. 

Añadió que la entrega trimestral de información financiera es obligatoria, ya que de ello depende la ministración de recursos federales, y que esos reportes también se presentan ante el Consejo Universitario.

Sin descalificar a funcionarios estatales, la rectora evitó confrontaciones y sostuvo que su responsabilidad es informar con datos verificables sobre el ejercicio del presupuesto, no emitir juicios políticos. 

Reiteró que el presupuesto pleno no implica holgura financiera, sino certidumbre operativa, y que cualquier señalamiento sobre mala administración debe contrastarse con la trazabilidad del gasto y el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales.