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Foto: Archivo

Analiza preescolar proceder legalmente contra administración moreliana

Fátima Alfaro/Quadratín
 
| 18 de octubre de 2016 | 11:32
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MORELIA, Mich., 18 de octubre de 2016.- Padres de familia y trabajadores del preescolar Infantes y Crayones podrían proceder legalmente en contra de la administración municipal, ante la ausencia de cumplimiento del compromiso de privilegiar la seguridad de 100 menores y 25 empleados del plantel, amenazada por la presencia de diez árboles de diez metros de altura afectados por plaga y muerte, refirió Laura Angelina Espinoza García, vicepresidente de la asociación de padres de familia del jardín de niños.

Señaló que tras dos años de iniciar el trámite para el derribo de diez árboles que han sido dictaminada como inertes por la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, aún no es posible concretar el retiro de los ejemplares a causa de la reiterada inconformidad de un vecino, identificado por los padres de familia como Fernando Peña y Rodríguez.

El reciente intento por lograr el derribo de los árboles se produjo el pasado viernes 14 de octubre, cuando Protección Civil y la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad resolvieron nuevamente la necesidad de derribar los arboles, aunque la ausencia de anuencia vecinal generó que sólo fuese viable realizar una poda, proyectada para el siguiente lunes, 17 de octubre.

No obstante, el día acordado para la poda de los árboles las autoridades argumentaron no tener disponibilidad al momento, por lo que persiste el riesgo para los pequeños y los trabajadores, alertó Espinoza García.

A pesar de que se reiteró el dictamen de peligro por los árboles, lo que orilló a acordonar el área, además de que se detectó una puerta de acceso desde la propiedad adjunta al preescolar, que aparentemente está en uso y es preciso clausurar, no se realizó acción alguna para salvaguardar la integridad de los niños, personal e instalaciones.

Ante lo que la vicepresidenta de la asociación de padres de familia del preescolar Infantes y Crayones calificó como una “burla” y una “omisión” de parte de las autoridades locales, se podría producir la presentación de una denuncia penal en contra de la administración pública.

Se prevé que esta actividad se realice “a la brevedad” para evitar que alguno de los infantes, trabajadores o vecinos del plantel resulten lesionados en sus personas o en sus bienes.