Analiza Congreso de Michoacán reforma ante violencia escolar

MORELIA, Mich., 10 de mayo de 2026.- Las comisiones de Educación y de Protección a la Niñez y Adolescencia del Congreso de Michoacán comenzaron el análisis de una reforma a la Ley de Educación estatal que parte de un diagnóstico explícito sobre la violencia en las escuelas y el deterioro de la convivencia comunitaria dentro de los entornos educativos.

La propuesta plantea modificar el artículo 35 de la Ley de Educación del Estado para establecer como obligación de la autoridad educativa estatal concebir a las escuelas como “centros de aprendizaje comunitario, seguros y libres de violencias”, en una entidad donde la discusión pública sobre seguridad, tejido social y derechos de la niñez ha escalado también hacia los espacios escolares.

Aunque la reforma ya fue presentada previamente, el tema entró ahora a etapa de análisis legislativo tras ser turnado a las comisiones dictaminadoras, donde se revisará su eventual armonzación con la Ley General de Educación y con el mandato constitucional del artículo tercero en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y cultura de paz.

El documento reconoce que la violencia escolar “en cualquiera de sus manifestaciones” vulnera derechos fundamentales, afecta el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y debilita el tejido social, por lo que advierte la necesidad de generar condiciones normativas para prevenir, atender y erradicar esas conductas desde el sistema educativo.

La exposición de motivos sostiene además que el modelo educativo tradicional centrado únicamente en la instrucción académica resulta insuficiente frente a los contextos sociales actuales, por lo que propone un cambio de paradigma que redefine la función social de las escuelas.

Bajo ese enfoque, la iniciativa plantea reconocer a la comunidad educativa como un espacio dinámico de interacción social donde convergen saberes académicos, comunitarios, culturales y ancestrales, con el objetivo de fortalecer vínculos colectivos y reconstruir formas de convivencia.

Actualmente, el artículo 35 de la ley estatal únicamente establece mecanismos de coordinación normativa entre autoridades educativas estatales y federales, así como la participación de municipios que prestan servicios educativos. La modificación añadiría un nuevo párrafo para obligar a la autoridad educativa estatal a orientar sus acciones hacia la construcción de espacios seguros y libres de violencia.

El proyecto también argumenta que armonizar la legislación local con la Ley General de Educación evitaría vacíos interpretativos y fortalecería la certeza jurídica en la aplicación de políticas públiucas relacionadas con protección de menores, convivencia escolar y cultura de paz.

La iniciativa sostiene además que legislar en esta materia implica reconocer que la educación “no se limita a las aulas”, sino que se construye desde la comunidad y desde las relaciones sociales que rodean a niñas, niños y adolescentes.