Facilita maestro michoacano aprendizaje de las matemáticas con su libro
MORELIA, Mich., 22 de septiembre de 2012.- Joel Caro Ruiz, abogado de los estudiantes que fueron expulsados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sostuvo que no existe ningún soporte jurídico que avale la resolución que tomó el Consejo Universitario y que el rector Salvador Jara pretende ejecutar con los estudiantes que participan en el paro.“El rector fundó el acuerdo de expulsión en un estatuto universitario que fue abrogado desde 1986 y sobre el cual no se ha elaborado uno nuevo”, abundó.El promotor del amparo con el que se pretende dejar sin efecto la medida promovida por la autoridad universitaria explicó que el rector al igual que Consejo Universitario carecen de atribuciones para aprobar por si solos la expulsión de los estudiantes que forman parte del Movimiento de Aspirantes y Rechazados de la Coordinadora de Universitarios en Lucha.“El procedimiento legal para expulsar un alumno es que cuando se comete una falta grave o leve esta debe ser denunciada ante el Tribunal Universitario, él cual después de varias fases, como el derecho de audiencia, emite un dictamen que pasa al Consejo Universitario para su aprobación o rechazo”, afirmó.El catedrático jubilado esgrimió que el acuerdo que pretende sustentar la expulsión de los estudiantes es ininteligible debido a que no cita en base a qué reglamento o artículos se sustenta, además de que nunca se siguió un proceso como marca la normatividad universitaria, la cual está a la espera de ser actualizada desde hace 26 años.“El acuerdo no tiene píes y manos mucho menos cabeza, en la universidad se creó un vacio absoluto de normatividad a partir de que entró en vigor la ley orgánica de 1986 que abrogó la que se creó en 1963 y todos los reglamentos emanados de ella quedaron suprimidos”, indicó.En 1986 el Consejo Universitario contó con 120 días para la elaboración de los reglamentos y estatutos, sin embargo hasta la fecha no se ha reparado esa falta, argumentó el especialista.“Hace 26 años los consejeros universitarios en turno emplearon los 120 días que tenían para la elaboración de los reglamentos exclusivamente para pelearse por el botín que significaba el presupuesto de la universidad”, afirmó.Por ejemplo, Caro Ruiz dio que el reglamento de inscripciones que aplica la actual autoridad universitaria, es una normatividad que fue aprobada en 1961 que ha sido derogada y abrogada cuando menos tres veces y pesar de eso se sigue empleando.