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MORELIA, Mich., 2 de abril de 2014.- Los resultados definitivos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), es un esfuerzo que puede ser inútil si sus resultados no se traducen en mejores políticas públicas en materia educativa, si no se transparenta y corrige el modo en que se gasta y si no se refleja todo esto en un mejor aprendizaje de los estudiantes de México, consideró la organización Mexicanos Primero.
Y es que esta organización considera que a la luz de los resultados del Censo, los datos que durante mucho tiempo estuvieron disponibles para la sociedad fueron una simulación; puesto que muestran un desorden generalizado, pues hay 39 mil 222 plazas docentes que estando asignadas a un centro de trabajo, los encuestados declararon no conocer a quienes las ostentaban; es decir son fantasmas, así como 30 mil 695 comisionados o con licencia; 113 mil 259 ubicados en “otro Centro de Trabajo” que no son escuelas; 114 mil 998 que ya se jubilaron, se retiraron o fallecieron.
Adicionalmente hay 23 mil 540 docentes que trabajan en tres o más centros de trabajo; 138 mil 485 que tienen tres o más plazas mientras que 65 mil 800 no tienen plaza. Además, el Censo nos enseña que por cada dos plazas docentes frente a grupo hay una plaza administrativa o de quien, recibiendo sueldo del presupuesto educativo, no está frente a grupo. Ello da cuenta de “una atroz ineficiencia en el manejo de los recursos lo que mina significativamente la calidad de la atención en las escuelas y representa una sobrecarga injustificada de trabajo para los maestros que sí están frente a grupo”.
Se añade que el Censo evidencia que año con año se han desviado cantidades multimillonarias de dinero para sostener aparatos que beneficiaron al régimen, a cúpulas sindicales y a la clase política en turno, por encima del derecho de los niños a aprender.
En materia de infraestructura, refiere la Mexicanos Primero que el Censo presenta datos desoladores de las condiciones de las escuelas públicas de nuestros niños. A pesar de las masivas transferencias de dinero en materia educativa, es claro que ese dinero no está llegando a las escuelas. Por ejemplo, “el Censo señala que hay 2 mil 241 escuelas públicas hechas de materiales ligeros y precarios; 14 mil 444 sin pizarrón en todas las aulas; 36 mil 264 escuelas sin agua de la red pública o de un pozo; 20 mil 152 escuelas sin sanitarios; 81 mil 718 sin drenaje; 18 mil 564 sin energía eléctrica; 45 mil 837 sin áreas deportivas o recreativas; 125 mil 552 sin teléfonos; 123 mil 511 sin conexión a Internet; 96 mil 310 sin rampas para personas con discapacidad; 100 mil 007 no disponen de señales de protección civil y 83 mil 566 no disponen de salidas de emergencia. Esto es un crimen que fue irresponsablemente solapado por las autoridades con la complicidad de una sociedad que lo ha permitido.
La información que arroja el Censo es valiosa y deberá de servir de insumo para la implementación correcta que se prevé del pago de la nómina magisterial a partir del próximo año cuando se implemente el FONE. Esta información tiene que complementarse con el detalle de las plazas financiadas con recursos estatales y las prestaciones que recibe el magisterio, para llevar a buen puerto el nuevo esquema de pago de la nómina magisterial, señalaron.
Por ello es indispensable que a la brevedad comience a funcionar en todo el país el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de forma fiable, transparente, abierta y pública para que no se despilfarren los recursos como en el pasado y para que puedan tomarse decisiones de política educativa de manera certera y eficaz con la correspondiente vigilancia ciudadana.
Los representantes de esta organización en un comunicado, manifestaron que el Censo es un punto de partida hacia la transparencia y rendición de cuentas en la educación. Ello sólo será posible si toda la información del Censo, sus tabulados y datos desagregados, escuela por escuela, es pública y se puede consultar en un formato confiable, accesible y apto para su análisis. “También lo será con la inclusión de aquellas escuelas y entidades federativas como Chiapas, Oaxaca y Michoacán que irresponsablemente no formaron parte del Censo y con un SIGED que ponga en el centro a la escuela, con plantillas asignadas a los centros educativos y con información que permita una mejor gestión de la política educativa”.